El Supremo condena a la Junta por el cobro del impuesto de transmisiones a agricultores

La Junta de Extremadura llevaba desde el 2017 cobrando el llamado impuesto de transmisiones patrimoniales de forma errónea en una de sus aplicaciones, ya que que practicaba dos liquidaciones, una por cada miembro del matrimonio, en la compra de fincas.

Según la organización agraria La Unión de Extremadura, que ha dado a conocer una sentencia que llevaban años reclamando, «Extremadura era la única región de España con este afán recaudatorio en aplicación de una Ley Estatal».

El extremeño Luis Cortés, coordinador estatal de Unión de Uniones, declara al diario HOY que «Antonia Cerrato, directora general de Tributos de Extremadura, fue la que se inventó el impuesto de transmisiones patrimoniales en la Ley de modernización. Y fue a partir de 2017 cuando empezó a mandar la circular a todos los notarios y registradores: que tenían la obligación de que se pagara el impuesto cuando se compraran fincas. Claramente, con un afán recaudatorio por parte de la Junta».

La legalidad, así lo entendía la Junta, estaba de su parte. De hecho, han ido recurriendo hasta llegar al tribunal Supremo. «Encima, era un impuesto que se quitaba a las explotaciones medias, ya que lo pagaban los que tenían menos de 31.000 euros de renta. No tiene sentido ni legalmente, ni socialmente», asegura Cortés.

Y pone un ejemplo de la polémica aplicación del impuesto. «Era del 8%. Imagina que un matrimonio joven de agricultores compraba una finca, que no son baratas, por 100.000 euros. Pues ese 100% servía para justificar la inversión: los 50.000 euros que le correspondería a uno de los dos quedaría exento, pero al otro miembro de la pareja se le cobraba esos, pongamos, 4.000 euros de la parte que supuestamente no tenía derecho a exención. No tiene sentido».

Según el coordinador estatal, le remitirán una carta al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, para que devuelvan el dinero de los impuestos recaudados a estos matrimonios en los últimos seis años. «Si no lo hacen, podremos una querella por recaudación ilegal», asegura.

Desde la organización agraria no tienen una estimación sobre el dinero a devolver. Le pidieron a grupos parlamentarios extremeños que se lo exigieran al Gobierno. «Respondieron que hasta que no saliera la sentencia del Supremo, no lo dirían». De momento, la Junta no ha aportado una estimación sobre lo recaudado.