El Ayuntamiento pedirá a la Asamblea que cree la comisión para investigar 2016

Comisión de investigación sí, pero que sea creada por la Asamblea de Extremadura y no por el Ayuntamiento. El equipo de la alcaldesa Nevado ha decidido remitir al Parlamento regional la petición formulada por el grupo municipal de IU para crear una comisión de investigación de la actividad desarrollada por el Consorcio Cáceres 2016 a raíz de un informe del Tribunal de Cuentas (TC) que detectó irregularidades administrativas. El Gobierno local considera que el Ayuntamiento no tiene capacidad para exigir a nadie implicado que comparezca en la comisión y, además, recuerda que la actividad del ente gestor de la capitalidad contaba con financiación de la administración regional.

La Junta de Gobierno Local, en su reunión de ayer, decidió no crear la comisión de investigación sobre la actividad del Consorcio Cáceres 2016 y, en su lugar, solicitará a la Asamblea de Extremadura que la constituya. Traslada esta petición por dos motivos, según explicó el portavoz del Gobierno local, Valentín Pacheco. En primer lugar porque el informe jurídico solicitado sobre la petición de IU para crear esta comisión de investigación señala que, en efecto, el Ayuntamiento puede crear comisiones de este tipo, según su reglamento orgánico, pero tiene grandes limitaciones en cuanto a competencia, funcionamiento y efectividad. «Podríamos crear una comisión que no sirviera para nada», afirmó Pacheco al referirse a la imposibilidad de obligar a comparecer a personas relacionadas con la materia y, además tampoco tiene capacidad sancionadora. En cambio, según subrayó, el Parlamento regional sí tiene esa capacidad de obligar a comparecer a implicados en una determinada materia objeto de investigación.

En segundo lugar, alude a que el informe jurídico encargado por el Gobierno municipal indica que la actividad del ente que gestionó la candidatura de Cáceres a la capitalidad cultural europea tenía a la Junta de Extremadura como responsable de la financiación, control y fiscalización del gasto. Como se recordará, entre las inversiones más importantes del proyecto 2016 estaba la obra de la Plaza Mayor, con un coste de cuatro millones de euros y todavía pendiente de ser abonada a la empresa que hizo la obra.

La decisión de la Junta de Gobierno Local se comunicará también al grupo municipal de IU, del que había partido la petición de la comisión, para que lo traslade a sus diputados en la Asamblea de Extremadura con el fin de reforzar la solicitud.

Como se recordará, el grupo de IU solicitó el pasado mes de diciembre la creación de la comisión a la raíz del informe del Tribunal de Cuentas, que detectó irregularidades en el Consorcio Cáceres 2016 en el sentido de que esta entidad acometió obras sin tener esa función recogida en sus estatutos, en los que el objetivo asumido era tan solo el de promoción cultural. El Tribunal de Cuentas (como parte de la fiscalización de la comunidad de Extremadura) se refiere a la obra de la Plaza Mayor y considera que hubiera sido «más idóneo» utilizar la vía de la subvención específica.

IU

IU pidió la comisión por entender que el informe del TC (ver HOY del día 20 de diciembre de 2013) «pone en tela de juicio el papel que el Consorcio y la anterior Corporación llevaron a cabo en varios proyectos en nuestra ciudad».

La renuncia del Ayuntamiento a crear la comisión y el traslado de la petición a la Asamblea de Extremadura no ha gustado al grupo de IU y su portavoz, Margarita González Jubete cree que debería crearse la comisión en el ámbito municipal, aunque tenga competencias limitadas. «Es algo que afecta a Cáceres y lo lógico es crear la comisión en primer lugar en el Ayuntamiento», afirma González Jubete para añadir a continuación que parece que la alcaldesa Elena Nevado «no quiere sacarle los colores al PSOE», en referencia a la responsabilidad de este partido en el anterior Gobierno municipal.

No obstante, afirma que el grupo municipal también pedirá a los diputados de IU en la Asamblea el apoyo para crear la comisión de investigación en el Parlamento regional.