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Carmen Martínez Ayuso durante el desahucio de su casa, consecuencia del impago del crédito que contrajo su hijo con un prestamista particular. :: Andres Kudacki
El gran negocio de los usureros

El gran negocio de los usureros

Acudir a un particular para lograr un préstamo es una maniobra de alto riesgo. Cientos de familias han terminado igual que Carmen, la viuda de Vallecas que ha perdido su piso

BORJA OLAIZOLA

Domingo, 30 de noviembre 2014, 08:40

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Un negocio redondo. Al prestamista particular que se hizo la semana pasada con la propiedad del piso de Carmen Martínez Ayuso, la anciana de 85 años de Vallecas cuyo desahucio ha suscitado una oleada de solidaridad e indignación, las cosas no le han podido ir mejor. A cambio de los 40.000 euros que le prestó a su hijo, se ha quedado con una vivienda valorada en 160.000 euros.

Cuadruplicar la 'inversión' inicial no es algo muy común en un negocio, pero el universo del crédito entre particulares es una realidad paralela en la que ocurren cosas inauditas: por 12.000 euros es posible hacerse con la propiedad de un piso en el centro de Barcelona y de un chalet en las afueras de la ciudad que están valorados en 400.000. Lo cuenta el abogado Aitor Ibarra, que consiguió paralizar 'in extremis' el desahucio de la ocupante de la vivienda, una anciana con problemas de salud. «A su hijo se le ocurrió pedir 12.000 euros a un prestamista particular y cuando quiso darse cuenta ya había una orden de ejecución sobre las dos propiedades».

Otro abogado, Víctor Nieto, explica que uno de sus clientes, un hombre de 64 años, estuvo a punto de quedarse sin su caserío de Olaberria, en Gipuzkoa, por una deuda de 15.000 euros contraída con un prestamista privado. «Logramos que se paralizase la subasta, pero tenemos una espada de Damocles sobre la cabeza porque en cualquier momento puede reactivar la demanda y reclamar la propiedad». Nieto es incapaz de cuantificar el valor del inmueble, una construcción rural de más de dos siglos con sus correspondientes terrenos, pero sabe que supera con creces la cantidad adeudada y que, si el prestamista se sale con la suya, los tres hermanos que residen en el caserío, dos de ellos octogenarios, se quedarán en una situación crítica.

Los de Vallecas, Barcelona y Olaberria son tres de los cientos de casos de personas que han quedado atrapadas en la trampa de los prestamistas privados. «El perfil es bastante parecido, gente sin posibilidades de obtener crédito en los bancos que necesitan dinero para hacer frente a una urgencia y que tienen una propiedad inmobiliaria libre de cargas», cuenta el también letrado Carlos Javier Galán, que se ha convertido en punta de lanza de la denuncia de los abusos en los préstamos privados. «Hay redes delictivas especializadas en apoderarse de inmuebles a cambio de cantidades ridículas», observa. Él ha interpuesto multitud de denuncias intentando sacar a la luz el entramado, pero hasta ahora lo más que ha conseguido ha sido paralizar algunos desahucios. «Son tramas que funcionan desde hace años con el mismo 'modus operandi' y que tienen de su parte incluso a ciertos notarios», sostiene.

Firmar sin leer

La estrategia de los prestamistas varía, pero hay algo en lo que coinciden: engatusan a su cliente para que suscriba documentos que ni siquiera ha leído. «Lo más común es que la víctima firme ante notario un capital superior al que realmente recibe, con un plazo de devolución brevísimo (de tres a seis meses), con unos intereses de demora abusivos (a partir del 29%) y valorando su vivienda para subasta en una cifra irrisoria. Puede que dicho así parezca una táctica burda, pero la puesta en escena es muy convincente y además está depurada con la práctica de años ».

Un particular tiene tres vías para conseguir un crédito: el banco, la entidad financiera no bancaria y el prestamista individual. En aplicación de una ley de 2009, los dos últimos se sitúan bajo la supervisión del Ministerio de Sanidad y Consumo. «Sobre el papel hay un registro en el que debe apuntarse todo aquel que quiera ejercer de prestamista, pero en la práctica el registro no está operativo y, además, Consumo carece de instrumentos para la supervisión», continúa el abogado Galán. Esa ausencia de control explica la proliferación de particulares que se dedican al préstamo -internet está lleno de anuncios que ofrecen dinero rápido siempre que haya unas escrituras de por medio- y que operan en los límites de la legalidad.

No hay constancia de las cifras que se mueven en los préstamos privados. «Algunos analistas estiman que un 20% de las operaciones podrían estar concertándose fuera del mercado bancario», apunta Galán. Hay empresas que se desmarcan de los abusos y que reivindican su buen hacer profesional. «Nosotros nunca aceptaríamos el piso de una madre como aval de un préstamo», se defiende Alejandro Melero, gerente de Crédito Particular Punto Com, un intermediario que opera en internet. «Nuestro negocio es que nos devuelvan el dinero con los intereses pactados; en los tres años que llevamos en el mercado -asegura- no nos hemos quedado con un solo inmueble».

En las asociaciones de consumidores apelan al sentido común y desaconsejan recurrir a los prestamistas privados: «Poner una vivienda como garantía del pago de un crédito particular significa entrar en una espiral en la que siempre empeoras por muy malo que sea el punto de partida», alerta Fernando Herrero, de Adicae, la asociación de usuarios de bancos. Un pasaporte al infierno, vamos.

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