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El Tribunal de Cuentas alerta a la Junta sobre la sucesión de contratos temporales

El Tribunal de Cuentas alerta a la Junta sobre la sucesión de contratos temporales

Su informe de fiscalización señala que en 2014 pasaron a ser fijos 309 trabajadores y se destinaron 501.000 euros a indemnizaciones

Juan Soriano

Lunes, 20 de febrero 2017, 14:26

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El Tribunal de Cuentas recomienda a la Junta de Extremadura dictar instrucciones e implantar procedimientos para evitar la práctica de concatenar contratos temporales, ya que puede obligar a establecer relaciones laborales de carácter indefinido.

Asimismo, propone elaborar manuales de selección de personal para todos los consorcios y fundaciones públicas autonómicas que aún no cuenten con ellos para garantizar el cumplimiento de los principios que son aplicables y su acreditación mediante expedientes completos.

Estas recomendaciones aparecen recogidas en el informe de fiscalización sobre la comunidad autónoma correspondiente al año 2014 y que ayer se hizo público por parte del Tribunal de Cuentas.

El organismo pone de manifiesto la utilización indebida de los contratos de obra y servicio para amparar relaciones de naturaleza indefinida, lo que ha derivado en reclamaciones judiciales que, en gran medida, se han resuelto en contra de la Administración regional.

Según indica el informe, las sentencias recaídas con esta motivación en 2014 y 2015 (por procesos iniciados el año anterior) supusieron para la Junta de Extremadura el pago de 199.000 euros en indemnizaciones por despido improcedente que afectaban a 15 trabajadores; así como el reconocimiento de relaciones laborales indefinidas que afectaron a 137 empleados de la Consejería de Educación y Cultura y 32 de la Consejería de Salud y Política Social (29 de ellos del Sepad).

También apunta que las leyes de Presupuestos anteriores a 2014 permitían contratar trabajadores en régimen laboral con carácter temporal con cargo a créditos de inversiones en lugar de al capítulo de personal. Dado el riesgo que conlleva, esta práctica se redujo de forma paulatina, de modo que si a 31 de diciembre de 2008 eran 2.377 las contrataciones de este tipo tres años después se reducían a 1.551 y el 31 de diciembre de 2013 se mantenían 586. Según estimaciones de la Junta recogidas en el informe, en 2014 se encontraban en esa situación, por causas que podrían motivar resoluciones judiciales en contra de la Administración, 581 trabajadores.

En la Ley de Presupuestos de 2014 desapareció la posibilidad de contratación laboral con cargo al crédito de inversiones, aunque no se extinguieron las relaciones laborales nacidas en virtud de las autorizaciones de ejercicios precedentes.

Resto del sector público

Junto a esto, también se prohibió la incorporación de nuevo personal en las empresas públicas. Pese a ello, el Tribunal de Cuentas señala que Gisvesa (veinte), Extremadura Avante y Servicios Avanzados a Pymes (seis) y Extremadura Avante (dos) realizaron contratos temporales por obra y servicio. Asimismo, señala que Gisvesa, Gebidexsa y GPEx transformaron en indefinidos por concatenación de contratos temporales a 33, 10 y 87 trabajadores, respectivamente.

En 2014 el coste de las indemnizaciones por despidos en las empresas públicas ascendió a 204.000 euros distribuidos entre GPEx (91.000), Extremadura Avante y Servicios Avanzados a Pymes (46.000), Gebidexsa (34.000) y Grupo Cexma (33.000). Además, Gebidexsa y GPEx dotaron en 2014 provisiones por 10.000 y 472.000 euros que, en su mayor parte, corresponden a compensaciones por riesgo judicial de despido de personal (o transformación de contratos temporales).

En cuanto a las fundaciones con participación de la Junta, las indemnizaciones por despidos en el año fiscalizado ascendieron a 61.000 euros. Respecto a los consorcios, las contrataciones temporales concatenadas a lo largo del tiempo llevaron a convertir en indefinidos diez contratos temporales. Asimismo, se abonaron 37.000 euros por sentencias.

En su informe el Tribunal de Cuentas también recomienda a la Junta modificar la Ley de Hacienda de Extremadura, pero el Ejecutivo autonómico considera en sus alegaciones que no es necesario.

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