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La Junta plantea de nuevo que los jefes de Policía Local sean nombrados a dedo

Dos agentes de la Policía Local acceden a la Jefatura de Mérida. :: brígido
Dos agentes de la Policía Local acceden a la Jefatura de Mérida. :: brígido
  • El Gobierno regional expone al público un proyecto de ley que ya fue presentado y retirado por el PP en el tramo final de la pasada legislatura

La Junta de Extremadura plantea de nuevo que los jefes de la Policía Local puedan ser nombrados por el procedimiento de libre designación por el alcalde correspondiente. Se trata de una medida que ya propuso el PP en el tramo final de la pasada legislatura y que ahora recupera el Ejecutivo autonómico del PSOE.

El PP registró en enero del pasado año la propuesta de Ley de Coordinación de Policías Locales de Extremadura, un proyecto en el que se estuvo trabajando durante la legislatura para actualizar una norma de 1990 que fue parcialmente modificada en 2002, hace catorce años. Pero no se presentó por parte del Ejecutivo autonómico, sino que fue el grupo parlamentario el que planteó la iniciativa para tratar de agilizar su aprobación. De esta forma, se evitaban trámites como la exposición al público y la obligación de recabar distintos informes. Después de las críticas de sindicatos y asociaciones, y tras un dictamen muy negativo del Consejo Consultivo, finalmente la propuesta fue retirada.

Tras la victoria electoral del PSOE, la Junta de Extremadura ha recuperado esta iniciativa y le ha dado forma de proyecto de ley. El texto se expone al público durante siete días para que pueda recibir alegaciones, iniciando el proceso que corresponde a las propuestas legislativas del gobierno. Pero apenas hay cambios respecto al texto que presentó el PP, lo que suscita de nuevo las quejas de sindicatos y profesionales.

Una de las cuestiones que se mantiene, aunque con modificaciones, es la posibilidad de nombrar a jefes de la Policía Local por el procedimiento de libre designación por el alcalde previa convocatoria pública. El PP planteaba que debían ser funcionarios de carrera con la máxima categoría en la plantilla del mismo municipio o de otras localidades del país. La Junta ahora limita la medida a miembros de la plantilla de la propia localidad e introduce que el proceso de selección debe seguir los principios de igualdad, mérito, capacidad, objetividad y publicidad.

Este cambio concede más garantías al nombramiento, pero para profesionales consultados por HOY se mantiene lo esencial, que la designación corresponde al alcalde en vez de tratarse de un proceso tipo concurso-oposición. Así lo estima también Jesús Solana, del sindicato CSI-F. «No nos gusta el dedo», afirma. Por su parte, Marcos Durán, de UGT, considera que la fórmula elegida respeta la ley y que al limitar la elección a miembros del cuerpo municipal se reduce la posibilidad de nombramientos a dedo.

Segunda actividad

En lo que coinciden ambos sindicatos es en el rechazo a la propuesta de regulación que realiza la Junta de Extremadura de la segunda actividad, la situación administrativa especial que se adquiere en el tramo final de la carrera profesional.

En el anteproyecto de ley se indica que pasarán a esta situación las funcionarias en caso de embarazo o lactancia, los agentes que presenten una insuficiencia en las aptitudes psicofísicas y aquellos que, por petición propia, lo soliciten al cumplir los 60 años o los 55 si llevan 30 en el servicio activo. Los sindicatos piden que la transformación sea automática al llegar a los 60 y que se pueda solicitar con 55 años y 25 de experiencia.

Asimismo, el documento establece que los agentes en segunda actividad prestarán servicio preferentemente dentro de la Policía Local. Pero si no existen vacantes podrán ser destinados a otro puesto dentro del Ayuntamiento. Mantendrían sus retribuciones básicas, pero las complementarias deberían ser negociadas con los gobiernos municipales.

Para el responsable de CSI-F el pase a la segunda actividad no puede implicar una merma de retribuciones ni tampoco que el agente pase a desempeñar funciones distintas a las que le corresponden. «Eso es jugar con la dignidad de los policías locales», afirma. Por su parte, el representante de UGT recalca que esta propuesta suprime derechos reconocidos en la legislación en vigor. «Vamos a peor».

Para los sindicatos, la reforma propuesta es necesaria en muchos aspectos, ya que mejora cuestiones como la promoción a la categoría de agente de los auxiliares que permanecen en servicio y la posibilidad de que varios municipios se asocien para formar cuerpos de Policía Local o que puedan colaborar en situaciones puntuales. Sin embargo, lamentan que no se ha contado con sus aportaciones en materias como la segunda actividad.

En este sentido, los representantes sindicales critican especialmente que el anteproyecto de ley se ha expuesto al público sin consensuar el texto. Según afirman, la Junta se había comprometido a entregar un borrador y a mantener nuevas reuniones antes de someter la propuesta al trámite de presentación de alegaciones, que se cerrará la próxima semana. De hecho, ni siquiera conocían que el Gobierno regional había dado ese paso y se han enterado por la llamada de este medio.

«Ha sido una puñalada trapera», afirma Jesús Solana, quien critica especialmente al interlocutor designado por la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio. «Nos sentimos engañados». Por ese motivo, indica que, de aprobarse la ley en la redacción que propone el gobierno regional, se llamará a la movilización a los 1.500 agentes de la región.

Marcos Durán señala que había un compromiso de consensuar el documento, por lo que no comparte la decisión de la Junta de publicar el anteproyecto sin cerrar la negociación y sin incluir peticiones de los sindicatos.