Algo tiene que cambiar en Extremadura

EL pasado 9 de mayo tuvo lugar en Extremadura la firma de dos acuerdos para la enseñanza concertada con la Administración en unas condiciones de negociación extremadamente difíciles. Aunque se ha denominado al primero de ellos «Sobre medidas para la mejora de la calidad de la educación», , no es ahora precisamente cuando se inaugura una nueva etapa de más claridad en la enseñanza concertada de Extremadura, pues esa transparencia existe en la práctica desde siempre. No hay que perder de vista que las escuelas concertadas son , teniendo el titular del centro una capacidad para la gestión de personal reconocida en la legislación laboral y en la LODE, LOE-LOMCE.

La cuestión más espinosa está en el segundo acuerdo «Sobre el mantenimiento de la calidad de la educación y de los niveles retributivos», pues para la Unión Sindical Obrera de Extremadura ha sido una sorpresa el escaso que ha mostrado una Administración, supuestamente progresista y de izquierdas, con respecto a un colectivo de trabajadores tan importante como es el de los docentes de la enseñanza concertada. Ellos son también trabajadores de la enseñanza , y para los cuales reclamamos un tratamiento igual al de los compañeros de la enseñanza pública.

Cuando se trató de bajar salarios, como en aquel nefasto mes de junio del 2010 por decisión autonómica (Ley 6/2010, de 23 de junio), los docentes de la concertada sufrieron el recorte de sus retribuciones en una cantidad equivalente, al mismo tiempo, y mediante el único argumento de que se aplicaba . Ahora, cuando después de seis años vuelven a subir los salarios en la escuela pública, ¿nos olvidamos de ese mismo criterio de igualdad?

Se ha cumplido la intención original de la Administración de congelar el salario de los trabajadores de la concertada otro año más, mientras que ya se está aplicando un incremento del 1% a los docentes de la escuela pública. Para conseguir esta congelación tan injusta, han aprovechado la nefasta situación retributiva heredada de la etapa del gobierno popular. La anterior administración permitió, durante cuatro años, que un 'complemento transitorio de compensación' establecido para impedir un doble recorte salarial a los docentes de la concertada en el año 2011, se haya prorrogado sin sentido hasta ayer, que afortunadamente se consolidó con el conjunto de los complementos retributivos autonómicos gracias al acuerdo firmado. Ese hubiera sido el destino más conveniente para ese complemento transitorio desde hace años, una vez resuelta la situación para la que se creó, y cuya misión, a fecha de hoy, está caducada.

Decía al principio que las condiciones de negociación han sido extremadamente difíciles, porque la Administración estaba prisionera dentro de sus propios presupuestos, pero también porque se ha desarrollado con una enorme presión para terminar cuanto antes, con muy escasos márgenes, con un ultimátum final para aceptar sus condiciones, y con la amenaza nada gratuita de que, la falta de acuerdo, conduciría a la supresión del conjunto de los complementos retributivos autonómicos que perciben actualmente los trabajadores del sector, junto a otros temas como la paga extraordinaria por los veinticinco años de antigüedad o el acuerdo de recolocación. Vaya, elegir entre susto o muerte.

Por responsabilidad, compartida junto a la práctica totalidad de las organizaciones legitimadas del sector, hemos decidido aceptar un paréntesis en la negociación de las retribuciones de la enseñanza concertada en Extremadura. Principalmente para no abocar a los trabajadores, a los colegios y a las familias a una situación de conflictividad laboral de graves consecuencias y con repercusiones muy difíciles de calcular coincidiendo con el final del curso escolar.

Sin embargo, pienso que siempre se está a tiempo de retomar la vía de la negociación, y que es urgente debatir en profundidad con la Consejería de Educación, desde posiciones constructivas, un proceso de homologación retributiva con los compañeros de la escuela pública que nos aleje del furgón de cola en el que estamos ahora con respecto a la situación que existe en las demás comunidades autónomas. La elaboración de los presupuestos autonómicos del año 2017 debería servir como primera etapa de esa negociación, para recuperar el nivel retributivo que nos corresponde del año 2016, y afrontar durante los siguientes años una nueva fase con más diálogo para poder acercarnos al objetivo de la equiparación retributiva, como anunciaba ya la LODE del año 1985.