Un nuevo cambio en el currículum de Secundaria no agrada a los sindicatos

Según la Junta de Extremadura, ayer hubo unanimidad en lo acordado durante la Mesa Sectorial de Educación, pero los sindicatos consultados matizaron después que no fue así. Según Francisco Jiménez, de Comisiones Obreras, «valoramos el esfuerzo en mejorar el anterior currículum y ha habido algunos avances, pero el nuevo decreto está en una ley orgánica que no tiene nuestro apoyo».

La reunión de ayer la presidió el secretario general de Educación, Rafael Rodríguez de la Cruz, y también estuvo la directora general de Personal Docente, Heliodora Burgos.

Según la nota que envió la Junta, «el Proyecto de Decreto de Currículo de ESO y Bachillerato, que se ha elaborado teniendo en cuenta más de setecientas aportaciones del sector docente y sindicatos, introduce novedades, como el aumento del peso de asignaturas troncales, y favorece la autonomía pedagógica de los centros educativos, dándoles la posibilidad de ofrecer una materia propia dentro del bloque de asignaturas de libre configuración en Extremadura. Además, recuperará la asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, tanto en ESO como en Bachillerato, y devolverá el carácter de asignatura obligatoria, para 2º de Bachillerato a Historia de la Filosofía, entre otros aspectos destacados». El secretario regional de acción sindical de Anpe, Saturnino Acosta, presente en la reunión de ayer, también niega la unanimidad que pregona la Junta. Su oposición al nuevo currículum viene porque no lo considera oportuno. «La Junta nos ha expuesto las mejoras, y la negociación en sí ha ido bien porque el anterior curriculum no nos gustaba, pero nosotros entendemos que no es momento de modificar otra vez el curriculum, sobre todo sabiendo que tras las próximas elecciones con el nuevo gobierno vendrán más cambios, lo que creará más confusión en padres, alumnos y profesores», dice.

El Proyecto de Currículo será enviado al Consejo Escolar de Extremadura -que no es vinculante- , donde se podrán presentar alegaciones. Seguidamente, necesitará el visto bueno de la Abogacía General de la Junta de Extremadura y finalmente pasará al Consejo de Gobierno para su aprobación.