Lo que se juega Extremadura el 20-D

El próximo 20 de diciembre Extremadura se juega muchas cosas. La influencia del Gobierno en la región se traduce en cuestiones muy diversas, sobre todo aquellas que requieren fondos económicos elevados, como son las infraestructuras.

El año pasado el presupuesto regional fue de 5.022 millones de euros, un 4,8% más que el año anterior. Para poder llegar a esa suma, del Estado salen 2.958 millones, el 58,9% del total del dinero que maneja la región. La Unión Europea, con 1.019 millones, aporta una quinta parte, el 20,3%; mientras que la comunidad autónoma solo es capaz de conseguir el 8,1% de sus propias cuentas, en torno 407 millones de euros. Lo que falta hasta los 5.022 millones del presupuesto de 2014 llega desde otros entes variados.

Si prácticamente seis de cada diez euros que manejamos en Extremadura llegan desde Madrid, resulta interesante conocer qué planes tienen los partidos que aspiran a gobernar España. En sus programas electorales ninguno cita territorios, pues el compromiso con alguna comunidad podría interpretarse como agravio al resto. Solo en sus mítines durante la campaña electoral se escuchan promesas locales, pero la credibilidad suele ser escasa.

Dice Germán López-Iglesias, actualmente concejal en Badajoz desde mayo pero que antes ha sido delegado del Gobierno en esta legislatura, y que además conoce los entresijos de Madrid al haber sido diputado por el PP entre 2000 y 2011, que lo peor que le puede pasar a las grandes inversiones previstas en los territorios es un cambio de signo político en el gobierno. Lo dice tanto en un sentido como en el otro. Según ha comprobado, esto paraliza, o en el mejor de los casos ralentiza, proyectos ya iniciados. Además, López-Iglesias ha experimentado ser diputado del partido en el Gobierno y en el de la oposición.

En un comentario vertido en este diario en noviembre de 2011 decía: «Las formas son las mismas, pero en el fondo cambian cosas porque la relación con el Gobierno no es igual y lo que puedes hacer por tu provincia estando en el gobierno se facilita bastante. Para mí los primeros cuatro años fueron muy fructíferos y después, en la oposición, era más difícil». Entonces acababa de ganar Rajoy las elecciones, y su diputado pacense hablaba de pelear en el Congreso el Eje-16 y la plataforma logística, cuestiones que están igual o más paradas que en 2011.

Ignacio Sánchez Amor, diputado extremeño en Madrid, probablemente repita puesto pues va de número dos del PSOE por Badajoz. Según dice, hay una «invisibilidad absoluta de lo que hacen los diputados pues en cuestiones políticas los asuntos regionales lo copan todo». Sin embargo, afirma que muchas leyes que se debaten tienen que ver con cuestiones extremeñas, y pone de ejemplos las de espacios protegidos o pantanos. En cualquier caso, reconoce que en estos últimos cuatro años se ha podido arañar muy poco para Badajoz desde Madrid «porque los presupuestos han sido muy restrictivos, y las enmiendas que hemos hecho han sido todas rechazadas». Según dice, y en ello coincide con López-Iglesias, cuando el gobierno autonómico y el central son del mismo signo, las cifras de inversiones suben.

Tanto por lo que indica la experiencia reciente de ambos diputados como por una cuestión puramente matemática, es evidente la escasa influencia de la región en unos comicios generales cuando Extremadura tan solo aporta diez escaños (seis en Badajoz y cuatro en Cáceres) a un Congreso de los Diputados con 350 sillones. Según el censo electoral, 910.260 extremeños están llamados a votar el día 20 para decidir el color de esos diez diputados, que siempre han sido del PSOE y del PP, por lo que resultaría una sorpresa que se rompiera el bipartidismo con la incursión de algún cabeza de lista de Podemos o Ciudadanos.

Cada partido, obvio, defiende lo mejor para su circunscripción. Pero a nivel nacional no siempre se sabe qué preocupa, qué urge en cada comunidad. Habría que ver en qué asuntos Extremadura depende del Estado. Por su carácter estratégico, probablemente la cuestión más candente de los últimos años sean las infraestructuras relacionadas con el transporte de personas y mercancías, toda vez que la ausencia de una conexión ferroviaria mínimamente competitiva, y desde este año, la desaparición de vuelos regulares desde Badajoz con destino Madrid o Barcelona, han dejado aislados a los extremeños.

Concurso aéreo

En cuanto a los vuelos, Extremadura no es atractiva económicamente para las compañías. Esto dificulta el diseño de los concursos, sobre los que siempre existe el riesgo de que queden desiertos. La Junta solicitó en septiembre al Ministerio de Fomento que los vuelos al aeropuerto de Badajoz sean declarados obligación de servicio público (OSP), y equipararnos a Baleares o Canarias. De esta forma, se podría subvencionar de forma directa la conexión aérea con la región, lo que correspondería a la Administración central. En España hay 18 rutas declaradas OSP. La declaración de nuevas OSP corresponde al Consejo de Ministros, por lo que el próximo Gobierno que salga de las urnas tendrá un papel decisivo en esta aspiración extremeña.

En cuanto al tren, tanto PSOE primero como PP después han impulsado a su manera el AVE prometido entre Badajoz y Madrid, pero de manera insuficiente a todas luces. El último compromiso del Ministerio de Fomento fue que un tren rápido entraría en funcionamiento en 2015 entre Cáceres y Badajoz, y a lo largo del próximo año entre Plasencia y Cáceres, lo que a estas alturas ya se sabe que será imposible.

Mande el PP o el PSOE a partir del 20 de diciembre, se supone que el ferrocarril seguirá avanzando. Pero a nadie se le escapa que partidos como Podemos o Ciudadanos se han declarado a favor de parar grandes obras en puertos, aeropuertos y también el AVE. Su papel a la hora de otorgar el gobierno de la nación a populares o socialistas podría estar condicionado por este tipo de cuestiones.

En Extremadura, el secretario general de Podemos, Álvaro Jaén, tampoco es partidario porque no cree que haya suficientes viajeros y porque considera que solo podrían comprar sus billetes una elite. En opinión de Podemos, se pueden mejorar las líneas existentes, mientras que el economista de cabecera de Ciudadanos, Luis Garicano, también es partidario de frenar estas megainversiones y apostar por la innovación.

En este punto, la visita a Cáceres de Albert Rivera a principios de noviembre dejó entrever cierta contradicción motivada por el electoralismo propio de estas fechas, cuando dijo que lo que esté ya proyectado debería seguir adelante.

En la actualidad, la financiación de las comunidades autónomas de régimen común se rige por la Ley 22/2009 18 de diciembre, que revisó los criterios de 2002. Ahora se quieren actualizar los criterios, y esto casi siempre es un asunto peliagudo. Extremadura está en el grupo de las comunidades receptoras netas, y es de las que se beneficia de los mecanismos que se articulan para corregir desigualdades entre comunidades pobres como la nuestra, y ricas como Madrid o Baleares, ambas en el grupo de las principales aportadoras.

Cómo se reformará la financiación autonómica es hoy una incógnita. En este asunto los partidos no son claros, aunque la tendencia desde hace años es apostar por un modelo federal que se aleje del centralismo.

Algunos partidos como Ciudadanos dicen que no tienen datos económicos fiables. Pero es que además, en el horizonte de este debate está Cataluña, que no sabe si pedir su revisión de financiación autonómica o romper directamente con el Estado, lo que generaría un nuevo tablero de juego. En cualquier caso, lo peor que le puede pasar a Extremadura es que se atiendan criterios de población, y lo mejor que se prime la dispersión y el envejecimiento de sus habitantes.

Teniendo en cuenta que dos áreas tan sensibles como la Educación y la Sanidad están transferidas y la región las gestiona por su cuenta, tras las infraestructuras y la fórmula del reparto del dinero que recauda el Estado existen otros ámbitos que quizá no muevan grandes sumas de dinero, pero que se pueden considerar estratégicos.

Según la dirección que tome el Gobierno que salga de las urnas este 20 de diciembre la región puede verse beneficiada o perjudicada. En comercio, un asunto que en Extremadura aún está caliente desde que se decidió reducir los festivos abiertos en 2016, la competencia es de la Junta de Extremadura. Sin embargo, durante esta legislatura ha habido un decreto ley (3/2012, de 19 de octubre) sobre medidas urgentes contra la crisis que contemplaba estímulos a la actividad comercial, por el cual se pedía a las comunidades que determinaran la cifra de festivos que podrían abrir las grandes superficies en un marco de máximos y mínimos impuestos desde Madrid.

El PP apuesta por una liberalización progresiva, mientras que el PSOE busca proteger al pequeño comercio conteniendo el empuje de las grandes superficies a través de reducir las aperturas de festivos. Será interesante qué carril elige el nuevo Gobierno cuando trate de influir en este ámbito pues el sector del comercio es muy importante en las grandes poblaciones de la comunidad, sobre todo en Badajoz.

Igualmente, el Ejecutivo que salga de las urnas el 20-D deberá negociar con la Junta el pago de la llamada deuda histórica. Pero a priori no debe haber gran dificultad porque ya existe un acuerdo escrito para adelantar 120 millones de euros.

En Badajoz y Cáceres

No obstante, de lo que están pendientes los ciudadanos extremeños es de inversiones concretas en su población. Y muchas saben que dependen del Gobierno, las cuales acumulan retrasos que en algunas localidades superan la década.

En Badajoz hay una barriada, la Ronda Norte de San Roque, que cada año se pregunta si el Ejecutivo decidirá acometer por fin las obras de la Ciudad de la Justicia. Las obras deben comenzar en enero, por lo que será la nueva Administración quien deba acabarla.

Continuar con la rehabilitación de La Alcazaba o impulsar al fin el inicio de las obras de la Plataforma Logística en la frontera de Caya son las otras cuentas pendientes del Gobierno de la nación con la ciudad más grande de Extremadura.

En realidad la progresión de todas estas obras suelen confirmarla cada año los presupuestos generales del Estado. Pero ni siquiera su inclusión en esta Ley es definitiva.

En Cáceres, por ejemplo, la obra del Museo de las Veletas está pendiente desde hace varios años. Siempre entra en los presupuestos con programación plurianual pero nunca se ejecuta. Incluso contando con todas las bendiciones urbanísticas, falta ejecutar la inversión.

Los cacereños también esperan dinero para rehabilitar su muralla, un asunto que hay que afrontar a medias entre la Junta de Extremadura y el Ministerio de Cultura y en el que a menudo se pasan la pelota, incluso gobernando partidos de las mismas siglas, como ocurre desde hace cuatro años.

Otra inversión paralizada que ha sido incluida en los Presupuestos Generales del Estado, que en este caso depende del Ministerio de Medio Ambiente, al que pertenece la Confederación Hidrográfica del Tajo, es el trasvase desde el embalse de Portaje a Cáceres. Se inició hace más de ochos años, cubre una distancia de 65 kilómetros, pero necesita más dinero para salvar el río Tajo, en torno a diez millones que no acaba de liberar Madrid, igual que la dotación para la conexión entre la autovía de Trujillo-Cáceres y la Autovía de la Plata a su paso por Cáceres.

En Mérida

En Mérida llevan años pendientes de la ampliación del Museo Nacional de Arte Romano, a punto de iniciarse, pero también del nuevo Museo Visigodo, que son instalaciones cuya reforma depende del Ministerio de Educación. Para el Romano hay 4 millones de euros, pero para el Visigodo no se ha asignado nada y se aplaza al 2017, por lo que es un misterio qué hará el próximo gobierno. Otra cuestión que en la capital autonómica depende de Madrid es la reforma del puente de la Autovía.

En Plasencia la obra principal es la reforma de Martín Palomino y la avenida de España. Se trata de una vía del Ministerio de Fomento (antigua travesía de la N-630) cuyo arreglo se lleva prometiendo desde hace 20 años, pues es la principal entrada a la ciudad y está muy deteriorada. En la última reunión con la ministra, el presidente regional Fernández Vara propuso que el Ministerio pagara el 40%, la Junta otro 40% y el Ayuntamiento el 20%. Están pendientes de una reunión técnica en la que den una respuesta, porque el Ayuntamiento ya ha dicho que sí.

Además, hay una glorieta en la entrada norte que ya está presupuestada por Fomento para 2016 y que se espera que se ejecute en unos meses, aunque nadie sabe qué pasará si cambia el gobierno.

Sobre todas estas cuestiones es evidente que no se habla en la campaña electoral que acaba de comenzar, si bien la mayoría de extremeños viven pendientes de estas obras. La incógnita es saber si estas pequeñas inversiones u otros factores son los que finalmente inclinarán su voto el próximo día 20 a un lado u otro.