Lío en el PP extremeño por la casa presidencial

Lío en el PP extremeño con la venta de la residencia oficial del presidente de la Junta en Mérida. El alcalde emeritense, Pedro Acedo, pedirá al jefe del Ejecutivo autonómico, el también popular José Antonio Monago, que renuncie a la enajenación de la casa.

Monago anunció el jueves que pondrá en venta la casa del presidente, que no ha querido ocupar para seguir viviendo en Badajoz. El edificio tiene tres plantas, sótano y jardín con piscina. La mitad de su superficie está destinada a oficinas. Para la Junta es un palacio cubierto de lujos. Fue la vivienda de José Fernández López, empresario gallego que promovió el crecimiento industrial de Mérida. En 1983 vendió el inmueble a la recién nacida Junta de Extremadura por 40 millones de pesetas. El Ejecutivo autonómico espera obtener 2 millones de euros.

El candidato del PSOE a la Alcaldía de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna (con el respaldo del Grupo Municipal Socialista) criticó el jueves la operación al considerar que se trata de un agravio a la ciudad. Ayer se sumó el resto de la Corporación, incluido el alcalde.

«El Ayuntamiento de Mérida y yo como alcalde, en nombre de todos los emeritenses, no queremos que se venda», apuntó Acedo. El primer edil aseguró que va a pedir a Monago que no venda esa casa en un encuentro que tendrá lugar la próxima semana.

Indicó además que si la Junta insiste en vender la casa el Ayuntamiento optará a comprarla. «Que en vez de darnos el dinero, nos dé la casa por el dinero. Esa es una de las propuestas que ponemos encima de la mesa». «El mismo gobierno está ofreciendo el importe de esa inversión para Mérida. Bueno, pues renunciamos a ese dinero y que nos dé la casa. No haría falta reembolso. Sería por un precio simbólico, comprada por mil euros o algo de eso», explicó Acedo.

El primer edil afirmó que se había enterado de la decisión de Monago por los medios de comunicación. Apuntó que «la casa no se va a vender». Pero apoyó el discurso de austeridad del presidente extremeño, quien anunció que el mantenimiento de la casa supuso un millón de euros en la pasada legislatura. Acedo añadió que ahora, fuera de uso, requiere 100.000 euros al año.

El resto de miembros de la Corporación municipal también criticó la operación que pretende llevar a cabo la Junta. Para Izquierda Unida, se trata de «un insulto hacia la ciudad de Mérida y una muestra del menosprecio de Monago a la capital autonómica», según el concejal Álvaro Vázquez. A su juicio, el anuncio se debe a una intención de desviar la atención sobre los viajes de Monago a Canarias. Antonio Vélez, edil de Siex y alcalde de la ciudad cuando la Junta adquirió la casa, recalca que no se trata de un palacio, sino de un inmueble espartano comprado a buen precio que ya se ha convertido en un símbolo para la autonomía y para Mérida, que en su opinión recibiría su venta como «una bofetada». Reclama al presidente extremeño que informe sobre los gastos que supone su «capricho» de no residir en la vivienda oficial.

El secretario general del PSOE extremeño, Guillermo Fernández Vara (quien sucedió como inquilino de la casa a Juan Carlos Rodríguez Ibarra en 2007), apuntó ayer que el edificio «no se va a vender, aunque Monago no lo sepa, porque Mérida no lo va a permitir».

Según dijo, «es algo más que una vivienda, es un hecho institucional fruto de un amplio consenso que tiene mucho que ver con el sentimiento de capitalidad», según recoge Efe.

El Ejecutivo regional mostró ayer su respeto a las declaraciones de Acedo, pero insistió en su postura: «El presidente Monago vive en su casa y se paga sus gastos como principio político, como todos los miembros del Gobierno de Extremadura».

Un inmueble de lujo

La Junta destaca que Monago fue el primer presidente de la historia de la región que renunció a lo que considera una «retribución en especie», y recalca que lo normal es que los presidentes autonómicos no dispongan «de este tipo de lujos, por lo que es de salud democrática venderlo». Para el gobierno regional, con los objetivos de austeridad y ejemplaridad que se han marcado desde hace tres años no tiene sentido mantener el inmueble.

En la misma línea, la portavoz del PP extremeño, Francisca Rosa, apuntó ayer que sólo hay cuatro comunidades autónomas con residencia para los presidentes regionales y que los extremeños no entienden que, además de su salario, tengan que pagar al jefe del Ejecutivo «casa, comida, luz o cualquier suministro a él y a toda su familia». Fernández Vara afirma que la comida no estaba incluida e invita al PP a que pregunte en los comercios de la zona.

La Junta señala que ya se ha encargado a la Consejería de Hacienda que proceda a la desafectación del bien (apartarlo del servicio público), declare su alienabilidad (que conviene venderlo porque ya no es necesario) y convoque la subasta pública (se descarta el concurso).

Es el mismo procedimiento que se ha seguido con otro edificio singular, la sede de Extremadura en Lisboa. Tiene unas características similares (una superficie de 600 metros cuadrados en cuatro plantas y 1.200 de jardín) y en su tercera subasta, el pasado año, salió a la venta por 2 millones de euros, lo que espera obtener la Junta con la casa presidencial de Mérida. Como en las dos ocasiones anteriores, quedó desierta. Pero la Consejería de Hacienda señala que las condiciones de mercado han cambiado y hay tres grupos interesados en adquirir este inmueble.