La Audiencia juzgará a una pareja que se apropió de los bienes de una tía con demencia

Según la acusación, el procesado consiguió un poder notarial para gestionar los bienes de su tía/
Según la acusación, el procesado consiguió un poder notarial para gestionar los bienes de su tía

El fiscal pide ocho años de cárcel para un hombre de 54 años y para su esposa acusados de apropiarse del patrimonio de una familiar que vive en Talavera la Real

Evaristo Fdez. de Vega
EVARISTO FDEZ. DE VEGABadajoz

La Audiencia Provincial de Badajoz sentará el próximo mes de junio en el banquillo a M. T. O., un hombre de 54 años de edad afincado en Huelva que está acusado de apropiarse del patrimonio de un tía suya que vive en Talavera la Real, valorado en unos dos millones de euros. De ese hecho se responsabiliza también a M. T. M. G., la esposa del procesado, por lo que la Fiscalía pide para cada uno de ellos ocho años de prisión.

En el escrito de acusación se recoge que M. T. O. se aprovechó del deterioro mental de su tía, que ahora tiene 79 años de edad, para erigirse en el gestor de sus bienes a pesar de no tener «su real consentimiento».

El Ministerio Fiscal cree que aprovechó esa demencia senil –según el forense la incapacita hasta para declarar en el juzgado y comparecer en el juicio– con el fin de conseguir que le firmase un poder notarial que le permitía gestionar desde Huelva todos sus bienes con pleno poder de disposición.

La Fiscalía entiende que el documento que le permitía administrar los bienes fue firmado sin que tuvieran conocimiento de ello sus familiares, muchos de ellos más cercanos a la mujer «tanto parental como afectivamente».

La víctima de este supuesto delito tiene tres hermanos que viven en Talavera la Real pero en el escrito de acusación se indica que no conocieron la existencia de ese poder notarial hasta que el encausado se lo comunicó por carta a un primo suyo en mayo de 2010.

La acusación indica que los movimientos patrimoniales fueron realizados por M. T. O. en su beneficio y el de su esposa, razón por la que ambos están acusados de un delito de estafa continuada de especial gravedad por afectar a la vivienda de su tía, superar los 50.000 euros y haberse cometido con abuso de las relaciones personales.

La Fiscalía cree que el investigado aceptó en nombre de su tía la herencia de otro familiar

La investigación realizada por la Fiscalía concluyó que en el año 2013 el acusado retiró de dos cuentas bancarias de su tía 27.033 euros en efectivo. Parte de ese dinero, casi 2.000 euros, se gastó en un centro comercial de Badajoz.

En 2014, el sobrino extrajo del banco otros 26.690 euros, cantidad a la que hay que sumar los 4.740 euros que sacó de un cajero automático y los 573 euros que pagó en un negocio de la capital pacense.

Esas sumas se incrementaron con los 22.353 euros que extrajo del banco en 2015, año en el que también utilizó el cajero automático para sacar otros 1.300 euros y pagar con una tarjeta de crédito de su tía otros 864 euros.

«Ninguna de esas cantidades se empleó en la atención de su tía, quien no hacía vida social, no se movía de Talavera la Real y no utilizaba tarjeta de crédito», indica la Fiscalía. El fiscal concluye que esos fondos acabaron en manos del matrimonio acusado.

El Ministerio Fiscal fundamenta la acusación en dos hechos: las tarjetas de crédito que se utilizaron para retirar el dinero fueron enviadas a Huelva por la entidad bancaria en la que la perjudicada tenía el dinero y se emplearon en estaciones de servicio y joyerías de Huelva y Madrid en las que nunca estuvo esta mujer.

Retiraban dinero de las cuentas y hacían pagos con la tarjeta de la señora

También se indica que el investigado aceptó en nombre de su tía la herencia de otro tío suyo que falleció en 2011 sin comprobar cuál era el valor de los bienes que heredaría ni prever que la aceptación de esa herencia generaría una deuda de su tía con la Junta de Extremadura en concepto de impuesto de sucesiones. Eso hizo que, después de ser aplicados los correspondientes recargos por impago, se generase una deuda tributaria de 585.438 euros.

Precisamente la comunicación de esa deuda por parte de la Junta de Extremadura puso en alerta a otros familiares, que desconocían las maniobras realizadas por el sobrino investigado. Eso les llevó a revocar en 2015 el poder notarial que permitía a M. T. O. gestionar sus bienes.

Sin embargo, el acusado se desplazó a Badajoz sin que lo supiera el resto de su familia y llevó a su tía al notario para que dejara sin efecto la revocación y ampliara aún más sus facultades para actuar como administrador de sus bienes. En ese momento se añadió la cláusula de subsistencia, por lo que el nuevo poder que otorgaba a su sobrino no podría ser revocado si la mujer era declarada incapaz.

Simulación de compraventa

La Fiscalía también constató que el 23 de enero de 2013, ante el notario de Huelva y sin estar presente su tía, el encausado suscribió sendas escrituras de compraventa en las que adquiría la nuda propiedad en la mayor parte de sus fincas. De ese modo pasaron a ser titulares de esos bienes tanto él como su esposa, dejando a su tía las rentas y beneficios que pudieran generar en concepto de usufructo.

Para realizar esta operación de compraventa se simuló el importe de la adquisición en 1.075.068 euros, cantidad que los beneficiarios se comprometían a pagar en un período de 20 años sin abonar intereses. La parte compradora debía abonar los gastos fiscales derivados de la compraventa, pero la cantidad que les correspondía en la liquidación de impuestos se rebajaba en 250.000 euros.

Un ático en Huerta Rosales

Los bienes afectados por esta operación eran varias fincas rústicas (unas 75 hectáreas de regadío en total), un ático en la urbanización de Huerta Rosales de Badajoz y una vivienda de unos 400 metros cuadrados en Talavera la Real, según ha confirmado Manuel Guerrero, letrado que representa a los familiares de la mujer presuntamente estafada.

La Fiscalía señala que esa compraventa se realizó sin que el acusado y su mujer pagaran realmente el precio de la adquisición. Además, el acusado firmó el 22 de febrero de 2013 en Huelva un cheque por importe de 86.000 euros a nombre de su tía para pagar a la Junta de Extremadura los gastos generados por la compraventa.

El Ministerio Fiscal entiende que estos hechos constituyen un delito de estafa continuada para que pide 8 años de prisión y el abono de una multa de 14.400 euros a razón de 20 euros diarios durante un plazo de 24 meses.

Además, propone que indemnice a su tía con 85.548 euros para reponer las cantidades de las que se apropió ilícitamente, y solicita que se declare la nulidad de las transmisiones de las fincas y viviendas, así como la aceptación de la herencia por parte de la principal perjudicada en este proceso, haciéndose cargo los procesados de la deuda de 585.438 euros que se generó al no liquidarse el impuesto de sucesiones. En el juicio se personan como acusación particular varios familiares de la estafada. Para ello, cuentan con la representación de los letrados Manuel Guerrero Durán y Macarena Rubio Ambel, que elevan la petición de pena a ocho años de prisión por un delito de estafa continuada y otros ocho años de cárcel por apropiación indebida.

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