Los 14.000 pisos sociales en venta salen a un precio medio de 16.000 euros

Hacerse con la propiedad de un piso por sólo 16.000 euros. Es la oferta que va a lanzar a partir del próximo otoño la Junta de Extremadura para deshacerse de 14.000 pisos sociales que llevan más de cinco años alquilados a sus adjudicatarios.

Esta gran operación está diseñándose desde el Gobierno regional y comprende la firma de un acuerdo con bancos y cajas de ahorro para que concedan a los adjudicatarios los préstamos necesarios, además de otro con los colegios de notarios y registradores de la propiedad a fin de abaratar el papeleo de las escrituras.

Las personas que acrediten una especial falta de recursos podrán contar también con subvenciones, anunció ayer el consejero de Fomento, José Luis Quintana, que intentó resolver las dudas que ha suscitado el anuncio hecho hace ocho días por el presidente Guillermo Fernández Vara.

Ayudar a las familias

Para empezar se corrige el dato total. No son 21.000 sino 18.000 el número de viviendas sociales -adjudicadas en régimen de alquiler- que gestiona la Consejería de Fomento, y de ellas en esta operación de venta masiva entran sólo 14.000.

Las otras 4.000 no pueden venderse, porque se construyeron hace menos de cinco años o porque en el régimen legal de esos edificios -algunos provenientes del régimen anterior a la democracia- está igualmente prohibida su venta.

El consejero José Luis Quintana afirma que el principal objetivo de esta operación es ayudar a todas estas familias.

«Llevan mucho tiempo pagando alquileres, así que vamos a ponerles fácil la posibilidad de comprar definitivamente esas viviendas; que por fin puedan convertirse en propietarios». La oferta va dirigida en exclusiva a los actuales ocupantes, «no a otras personas», advierte el consejero.

16.000 euros de media

Las facilidades empiezan por descontar a los adjudicatarios todos los alquileres que hayan pagado. Fomento ha hecho unos cálculos y estima que finalmente el precio medio que tienen que pagar los que de forma voluntaria quieran comprar los pisos es 16.000 euros.

La Junta prepara una línea de subvenciones para ayudar a la compra por parte de colectivos desfavorecidos y familias de especial protección, y acuerdos de colaboración con notarios y registradores de la propiedad.

Las entidades financieras, mediante convenios, pondrían el dinero a disposición de estas familias pero además Fomento cuenta con los préstamos estatales Ico (Instituto de Crédito Oficial) anunciados para fomentar la vivienda de protección oficial (VPO), y que sirven tanto para esta operación como para hacer nuevas promociones de régimen especial y régimen general.

El consejero José Luis Quintana está convencido del éxito del proyecto porque los españoles «tenemos el sentido de la propiedad grabado en la cabeza»; cuando sean propietarios los inquilinos tendrán más aprecio a los edificios y si hay deterioro social la situación «se normaliza».