Los pensionistas pierden

El Gobierno, que había reiterado su voluntad de cumplir la ley en relación a las pensiones, incumplió ayer una de las últimas promesas electorales al anunciar que este año no se revalorizarán con respecto al IPC, a pesar de que ayer se conoció el índice adelantado de precios de noviembre, que ha bajado seis décimas hasta el 2,9 % con respecto al del mes anterior, lo que habría facilitado el pago. El argumento que se ha utilizado para justificar este incumplimiento es fácil de imaginar: compensar a los pensionistas el 1,9 % que media entre el IPC real y el 1 % que subieron las pensiones hace un año hubiera costado unos 1.900 millones de euros, a los que habría que sumar otro tanto por la consolidación del incremento durante 2013, y este gasto es incompatible con el objetivo de consolidación fiscal del Ejecutivo para el ejercicio en curso. La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha manifestado que este «es el año más duro de la crisis», pero los pensionistas experimentan la dureza de la situación desde 2011, cuando sufrieron la primera congelación con el gobierno socialista. Descartada la actualización, las pensiones subirán sin embargo con carácter general un 1 %, el porcentaje ya previsto en los Presupuestos Generales del Estado, salvo las inferiores a mil euros mensuales -6,6 millones, el 70 % del total- que subirán un 2 %. El incremento del gasto por esta subida será de 1.513 millones de euros. Y, puesto que con la crisis se ha reducido en unos tres millones el número de cotizantes, el Gobierno recurrirá de nuevo al Fondo de Reserva para utilizar 3.530 millones, que se suman a los 3.000 que retiró en septiembre. Para esto está el fondo, evidentemente. El afán del Gobierno por cumplir con el déficit es muy comprensible pero el propio Rajoy, al referirse al desvalimiento de los pensionistas para explicar que ellos no se verían afectados por el ajuste, ha dado las razones para rechazar esta medida. Porque es muy difícil de entender que haya decenas de miles de millones sin regateo alguno para sanear la banca y no se pueda detraer de algún sitio la partida de menos de 4.000 millones que hubiera evitado que los más necesitados pierdan, de nuevo, un tramo más de su exiguo nivel de vida.