Los 50 expertos que dirán cómo proteger a los menores de internet se ponen manos a la obra

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha anunciado este viernes, 1 de marzo, que el foro de trabajo que ha promovido se constituirá ya en la primera semana de marzo y que se pondrá manos a la obra de inmediato porque en un plazo máximo de seis meses debe emitir un informe con un análisis detallado sobre el impacto de las tecnologías digitales en los menores y con acciones concretas para minimizar los riesgos y los daños.

El documento de conclusiones, según recoge el acuerdo del Consejo de Ministros que el 30 de enero alumbró este foro, deberá recomendar actuaciones y medidas a implementar a corto, medio y largo plazo para que las administraciones públicas puedan elaborar un marco de prevención, detección precoz y protección de niños y adolescentes contra los riesgos de internet y las redes sociales y contra cualquier vulneración de sus derechos.

El informe final se lo remitirán al Gobierno y debe ser la base del acuerdo de país que pretende cerrar Pedro Sánchez y al que quiere incorporar, además de a colectivos sociales, autonomías, ayuntamientos y demás instituciones, a la industria y los operadores digitales, piezas clave para lograr su cumplimiento efectivo. El acuerdo, según las aspiraciones del Ejecutivo, debe incluir al menos la aprobación de una ley integral de protección de los menores frente a los riesgos de la red, una estrategia multidisciplinar y educativa que vincule a todos los poderes públicos y la puesta en marcha de una sistema técnico de verificación de edad que bloquee el acceso de niños a las webs con contenidos de adultos.

El medio centenar de expertos tienen el encargo de analizar el problema en todas sus vertientes y dimensiones (familiares, educativas, legales, tecnológicas, de salud) y deben dar soluciones a todas las aristas del binomio jóvenes y móviles, desde los controles de acceso a contenidos inadecuados (porno, violencia, apuestas, alcohol o tabaco), al uso excesivo de pantallas (origen de problemas mentales, visuales, adicciones, insomnio, sedentarismo), el aumento del ciberacoso, la violencia de género en adolescentes, comportamientos delictivos como el «sexting» o el «grooming», o problemas como la falta de conciliación familiar o la soledad, que en ocasiones son detonantes del abuso o el uso incontrolado de la tecnología.

La lista detallada de componentes del grupo se conocerá en días, pero en la reunión constitutiva de la próxima semana estarán con seguridad representantes organismos como el Observatorio de Infancia, el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia, el Consejo Estatal de Participación de la Infancia y de la Adolescencia, el Consejo de la Juventud, el Consejo Asesor Digital Joven, la Agencia Española de Protección de Datos, el Consejo Escolar del Estado, el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y el Consejo de Consumidores y Usuarios.

Pero, además, también tendrán asiento y voz en el debate las confederaciones de asociaciones de madres y padres de alumnos, las entidades y organizaciones del tercer sector de ámbito estatal vinculadas con la infancia así como especialistas en pediatría, psicología, igualdad de género, protección de la salud mental y juristas especializados en la garantía de los derechos de la infancia y de la juventud. El acuerdo de Consejo de Ministros prevé que en la composición del comité habrá una presencia equilibrada de mujeres y hombres.