El Seprona de Cáceres desmantela una red internacional de tráfico de especies protegidas

La Guardia Civil ha asestado un golpe al tráfico y tenencia ilegal de especies protegidas. El Seprona de la Comandancia de Cáceres ha coordinado la operación Namib, con ramificaciones en distintos puntos del país. Hay cinco personas detenidas y otras 18 investigadas, todas ellas vinculadas al comercio y tenencia ilícita de fauna silvestre. Los detenidos e investigados formaban parte de una organización criminal que operaba a nivel nacional e internacional, ya que numerosas de las especies detectadas procedían de Portugal, indica el instituto armado. Esta red transportaba y comercializaba especies animales cuyo comercio está estrictamente prohibido o fuertemente regulado.

Las actuaciones, con los «principales esfuerzos operativos en la provincia de Cáceres, se han extendido a otras provincias como Badajoz, Madrid, Málaga, Lugo, Ciudad Real, Almería y Badajoz. Durante algo más de un año que ha durado la operación, los investigadores han contado con el apoyo técnico de la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Los guardias civiles llevaron a cabo una decena de inspecciones en establecimientos de venta de especies exóticas, almacenes, además de en domicilios particulares. En estas actuaciones, los agentes inmovilizaron una treintena de ejemplares de fauna protegida. Se trata en su mayoría de aves exóticas de la familia de los psitácidos-guacamayos, loros yacos africanos de cola roja, cotorras del sol, amazonas aestivas, también reptiles, como tortugas de espolones africanos y tortugas leopardo, así como otras especies invasoras, entre las que destaca una suricata, mamífero carnívoro originario del extremo sur de África.

Indica la Guardia Civil que la mayoría de los establecimientos o lugares inspeccionados se encontraban en perfectas condiciones de legalidad, y fue en los que no cumplían la legalidad donde se llevaron a cabo las detenciones de sus responsables.

Los arrestados podrían enfrentarse a penas de prisión de entre seis meses y dos años por delitos contra el medio ambiente y la protección de la flora y la fauna. Además, podrían ser condenados a multas económicas importantes y, en todo caso, a la inhabilitación especial para actividades relacionadas con la tenencia o comercio de animales. Recuerda la Benemérita que «la gravedad de este tipo de delitos radica en que no solo atentan contra la biodiversidad y el equilibrio ecológico, sino que también contribuyen al deterioro de ecosistemas frágiles y a la extinción de especies de alto valor ecológico, científico y cultural».

Por este motivo, hace llamamiento para que los ciudadanos colaboren con las autoridades denunciando cualquier actividad sospechosa de ser delictiva a través del teléfono 062 o del correo seprona@guardiacivil.org.

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