El alcalde de Montijo niega ante el juez irregularidades en la contratación de personal

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial, con sede en Mérida, ha acogido hoy el juicio por unos hechos que se centran en la contratación temporal de la exinterventora municipal, en la prórroga de cinco contratos y en dos procesos selectivos de promoción interna.

En el primer caso, Manuel Gómez ha explicado que la interventora municipal era la encargada de elaborar el presupuesto. Como dejó el cargo a mediados de septiembre de 2017, se decidió contratarla de forma directa por un plazo de tres meses para terminar de preparar las cuentas de 2018 por motivos de urgencia.

El nuevo interventor mostró un reparo en el pago de su nómina porque estimó que no se habían cumplido con los criterios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad en el acceso al empleo público.

El alcalde ha asegurado que ofreció explicaciones sobre esta contratación, pero el interventor ha señalado que no recibió respuesta, por lo que siguió mostrando reparos hasta que terminó el contrato.

También se expresaron notas de reparo sobre cinco trabajadores a los que se había prorrogado el contrato. En esos casos ha afirmado que tampoco obtuvo una justificación satisfactoria.

El primer edil montijano ha afirmado que no recibió ningún aviso sobre contratos irregulares y que en algunos casos los reparos no llegaron hasta varios meses después. Y que a partir de febrero de 2018 no hubo más notificaciones del interventor porque se siguieron sus indicaciones.

De esos cinco casos, ha indicado que en uno de ellos la prórroga se debió a un error del servicio de personal, que no tramitó la baja a tiempo, lo que ha corroborado una trabajadora municipal. En otros dos ha indicado que se hizo de forma excepcional y por unos meses para terminar unos trabajos y no perder una subvención de la Junta de Extremadura.

Las otras dos prórrogas afectaron a dos trabajadores que terminaron acudiendo a los tribunales para obtener la condición de indefinidos no fijos. Uno se incorporó al Consistorio montijano en 2015 gracias a una subvención y se mantuvo porque, según ha dicho el alcalde, no se encontró a otro aspirante. La otra empleada empezó a trabajar en 2010 y su última prórroga fue en enero de 2016, cuando Manuel Gómez llevaba seis meses como alcalde y «firmas porque no sabes ni lo que hay», ha indicado.

Las acusaciones también se han centrado en dos convocatorias de promoción interna para puestos de conductor mecánico que tuvieron lugar en mayo de 2017 con tres días del diferencia. El presidente de uno de los tribunales era el aspirante del otro y viceversa.

Manuel Gómez ha señalado que su función se limitó a nombrar los presidentes de los tribunales entre una bolsa de empleados municipales. También ha recalcado que todo el proceso pasó por mesa de negociación. Los trabajadores han negado cualquier irregularidad.

Al término de la vista cada parte ha mantenido sus peticiones al entender que hay argumentos a su favor. Para las acusaciones, ha quedado acreditado que no se cumplieron los procedimientos de selección ni se atendieron las peticiones del interventor. Para la defensa, no ha quedado acreditado que el alcalde actuara de forma intencionada o que supiera que no se cumplía la ley. El juicio ha quedado visto para sentencia.