La Fiscalía pide 13 años de inhabilitación para el alcalde de Montijo

Izquierda Unida alertó en 2018 de que el primer edil montijano estaba llevando a cabo contrataciones de forma fraudulenta. El pasado año solicitó su dimisión después de que se confirmara que habría un juicio en su contra por prevaricación. Ahora esa denuncia será una de las bases de la acusación pública en este juicio, que está previsto para la semana que viene en Mérida.

La Fiscalía señala en su escrito de acusación que Manuel Gómez dio órdenes directas a sus subordinados para la incorporación al Consistorio de determinadas personas sin cumplir los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público. Asimismo, intercedió para que se prorrogaran contratos. En todos estos casos no se siguió el procedimiento legalmente establecido, según el cual la selección de personal debe llevarse a cabo mediante convocatoria pública y a través del sistema de concurso, oposición o concurso-oposición.

En concreto, la acusación pública afirma que ordenó la contratación de una persona para un puesto en el área de Presupuestos del Ayuntamiento. Asimismo, asegura que pidió que se prorrogaran los contratos de cinco trabajadores municipales, uno de ellos su cuñado.

Junto a esto, destaca que en mayo de 2017, por orden directa del alcalde, se llevaron a cabo dos convocatorias de empleo público para cubrir dos plazas de oficial de primera de vías públicas, con la categoría de conductor-mecánico. En ambos casos se trató de procedimientos de promoción interna.

El fiscal sostiene que estos procesos selectivos se tramitaron de forma fraudulenta para que dos candidatos salieran finalmente elegidos. La acusación pública recalca que las convocatorias se publicaron con solo tres días de diferencia y únicamente se presentaron esos dos aspirantes. Cada uno de ellos, por designación del alcalde, era además el presidente del tribunal del otro.

Debido a las citadas irregularidades, el interventor del Ayuntamiento de Montijo, responsable de fiscalizar todos los actos de los que deriven consecuencias económicas para el Consistorio, emitió varias notas de reparo en las que mostraba su disconformidad con los procedimientos de selección. Asimismo, solicitaba explicaciones y justificaciones a los responsables, pero no obtuvo respuesta en ese sentido.

Para la Fiscalía, estos hechos constituyen un delito continuado de prevaricación administrativa, por el que procede imponer al alcalde montijano una pena de 13 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el derecho de sufragio pasivo. En caso de condena, implicaría su destitución y además no podría ser de nuevo concejal en el Ayuntamiento de Montijo ni ocupar ningún otro puesto de representación pública.

Por su parte, el alcalde de Montijo señala que no ha tenido implicación en la incorporación de esos trabajadores al ayuntamiento. «No tengo nada que ver», afirma.

Según indica, la prórroga de los cinco empleados se hizo por necesidades concretas y a petición de los servicios municipales. Manuel Gómez señala que el reparo del interventor no se produjo hasta seis meses después, en octubre de 2017. Esas notas se repitieron hasta enero de 2018. Desde entonces asegura que no ha tenido ningún problema.

También niega cualquier responsabilidad en la incorporación de una persona, que solo estuvo tres meses, y en la convocatoria para dos oficiales. En este caso, señala que su única función era nombrar al presidente entre trabajadores que se presentaron voluntarios. Pero las bases y todo el procedimiento están fuera de sus competencias..