Las legalizaciones en Santa Bárbara se iniciarán tras dividir la sierra en 10 áreas

Las legalizaciones en Santa Bárbara se iniciarán tras dividir la sierra en 10 áreas

La agrupación de dueños de viviendas registra en el Consistorio su propuesta de delimitación de la primera zona, que incluye 57 propiedades

Antonio J. Armero
ANTONIO J. ARMEROCáceres

La agrupación que reúne a buena parte de los propietarios de viviendas ilegales en Santa Bárbara registró ayer en el Ayuntamiento el mapa de la primera de las diez áreas en las que propone dividir la sierra como paso inicial obligado para regularizar estas construcciones. Cada una de ellas aspira a ser lo que la nueva ley del suelo de Extremadura -la Lotus, que entrará en vigor el próximo día 27- denomina asentamiento rústico irregular (figura similar a la de la zona RUCI o de Regularización de Urbanizaciones Clandestinas e Ilegales en la norma aún en vigor). Los asentamientos se definen como conjuntos de viviendas ilegales que son susceptibles de revertir su situación actual y reconciliarse con la normativa vigente. Es una opción contemplada por la ley, que obliga a que exista una determinada densidad de construcciones por hectárea, lo que deja fuera de esta posibilidad de regularización a las casas aisladas.

El primer asentamiento propuesto en Santa Bárbara abarca unas treinta hectáreas y 65 viviendas, aunque nueve de ellas no participan de esta iniciativa del colectivo de propietarios. Esta zona 1 comprende los parajes de Viña del Carmen, Viña del Castillo, Salinas y calleja Marta, y es la que engloba el mayor número de parcelas con procesos judiciales abiertos, según detalló ayer Juan Antonio Álvarez, asesor técnico de la Asociación de Afectados por el PGM, que es el nombre de la agrupación de dueños de viviendas ilegales en Santa Bárbara.

LAS DIEZ ZONAS

Zona 1
Viña del Carmen, Viña del Castillo, Salinas y calleja Marta.
Zona 2
Prado Jaraíz, Pizarrilla, Corneta, Miraflores, El Viñón y Machine.
Zona 3
Viña del Puerto, Cuesta de los Perros, Las Ánimas, Viña del Cuadrille, El cano y Calzones.
Zona 4
Soscribides, Mingonas y El Viñón.
Zona 5
El Espartal, Valdemorillos, La trucha y El piruetano.
Zona 6
Majuelo, Los Majuelos, Viña calle Colmenera y El Velo.
Zona 7
Los Majuelos, Escudero, Espinaquera y La batracal.
Zona 8
Coto de los Monjes, Viña de don Mariano y Viña de los Garrido.
Zona 9
Los Rayos, Calzoncillos, El caballo y Olivar del puerto.
Zona 10
Haza del Obispo, Olivar del Puerto y Olivar de los Presos.

El hecho de que ayer se presentara en el Consistorio el mapa de la primera zona constituye un paso adelante inicial en el proceso que pretende regularizar los chalés levantados sin atender a la ley, pero no equivale a que todos ellos vayan a legalizarse automáticamente. Muy al contrario, el camino burocrático no ha hecho más que empezar. «La tramitación es larga y compleja, que nadie se engañe», previno ayer Álvarez, que detalló los pasos a dar a partir de ahora.

Calleja de Marta, incluida en la zona uno de las diez propuestas
Calleja de Marta, incluida en la zona uno de las diez propuestas / HOY

Una vez registrado el mapa propuesto para el área 1, que es lo que se hizo ayer, el documento será analizado por los técnicos municipales, que pueden o no estar de acuerdo con la delimitación realizada. Después, hay que hacer esto mismo con las otras nueve áreas -«iremos presentando los mapas de cada una escalonadamente», avanzó ayer Álvarez-, y una vez que el Consistorio haya revisado todas las zonas y esté de acuerdo con ellas, se elevará a la Junta de Extremadura un documento único con los datos de los diez asentamientos rústicos irregulares propuestos. Cuando los técnicos del Gobierno regional hayan dado su visto bueno, comenzará otra parte del proceso cuyo paso final es presentar los expedientes de regulación de cada propiedad. Antes de esto último, habrá que haber redactado un proyecto de segregación y otro de urbanización.

«Hemos conseguido una situación favorable y este es el momento de legalizar, no va a haber más» Juan Antonio Álvarez | Asesor propietarios de viviendas

En el más positivo de los escenarios, no se empezarán a presentar expedientes de regularización antes de un año y medio, calcula el asesor, que ha pedido al Ayuntamiento que la regularización de viviendas en la sierra se haga siguiendo la ley que entrará en vigor la próxima semana. El motivo es que esta norma «acorta los plazos una vez que el Consistorio acepta la declaración de asentamiento rústico irregular».

«Estas viviendas no son legalizables ninguna a escala individual, la única opción es hacerlo colectivamente, así lo contempla tanto la actual ley como la nueva», afirmó ayer Juan Antonio Álvarez, que quiso lanzar un mensaje a los dueños de construcciones ilegales. «Este es el momento, no va a haber más momentos», afirmó. «Hemos conseguido una situación favorable, después de mantener incluso reuniones a nivel judicial -amplió el asesor-. Sería irresponsable que algún propietario decidiera no integrarse ahora pensando que no va a pasar nada, porque sí va a pasar. Su edificación va a ir recogida en un plano en el que constará si está o no entre las que muestran su disposición a someterse al proceso de regularización».

Álvarez se refirió también al coste económico que deberán asumir a partir de ahora quienes levantaron sus casas contraviniendo la legislación. «Los propietarios son conscientes de que el dinero que pudieron haberse ahorrado al hacerlo irregularmente lo van a tener que pagar ahora», apuntó, antes de explicar que «en la situación actual de la mayoría, no pueden escriturar su propiedad, ni registrarla ni hipotecarla ni darla en herencia, y una vez legalizada, sí podrán hacerlo y habrán revalorizado su propiedad».