La Policía trata de atajar la proliferación de escombreras con multas económicas

Según confirmó el concejal de Interior, David Dóniga, el vertido fue interceptado la semana pasada y se trataba de «un camión entero de residuos» procedente de una obra. El Ayuntamiento ha iniciado ya un expediente sancionador contra la empresa responsable, que podría enfrentarse a una multa de hasta 3.000 euros, en aplicación de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular.

Además de la sanción económica, la normativa obliga a los infractores a reponer el entorno a su estado original y costear los trabajos de limpieza. En caso de que el responsable no cumpla con la orden municipal, el Ayuntamiento puede encargar la retirada de los residuos de manera subsidiaria y repercutir los gastos al responsable.

El punto de la carretera de Malpartida es uno de los considerados «conflictivos» por el Ayuntamiento, junto con otros enclaves como la antigua N-630 o varios caminos rurales del entorno de la ciudad. En estos lugares, la Policía Local mantiene un seguimiento constante con patrullas, colaboración con la Guardia Civil y el uso de drones para detectar vertidos recientes.

A la denuncia de esta empresa se suma otro episodio detectado ayer mismo, cuando una patrulla localizó una nueva escombrera al inicio de la avenida Gabriel y Galán. En este caso, los agentes hallaron cascotes, restos de ladrillos y material claramente procedente de una obra de reforma. El Ayuntamiento ha abierto una investigación para identificar al autor del vertido y determinar si procede también de una empresa o de un particular.

La preocupación por este tipo de infracciones no es nueva. En los últimos meses, el Ayuntamiento ha tramitado varios expedientes sancionadores por vertidos incontrolados en distintos puntos de Plasencia. En 2024, por ejemplo, se impuso una multa de 3.000 euros a un matrimonio del barrio de San Lázaro tras localizar residuos de obra y enseres abandonados en una parcela del PIR Los Monges.

En aquella ocasión, la investigación de la Policía Local permitió identificar a los responsables gracias a la aparición de documentos personales entre los escombros. El caso fue remitido al Ministerio Fiscal para determinar si existía responsabilidad penal, pero la Fiscalía Provincial de Cáceres decidió archivarlo, al no apreciar indicios de delito. El procedimiento administrativo continuó y concluyó con la sanción económica y la obligación de limpiar la zona afectada.

La actuación del Ministerio Público en casos de este tipo se centra en valorar si los vertidos suponen daños graves al medio ambiente o riesgo para la salud pública. Solo cuando se detectan elementos de peligrosidad o contaminación química se da traslado a la vía penal.

El Ayuntamiento recuerda que los residuos de construcción y demolición deben depositarse exclusivamente en centros autorizados de eliminación de residuos o en gestores acreditados. Tirarlos en descampados, caminos o cunetas constituye una infracción grave que puede derivar en multas de entre 2.001 y 100.000 euros.