Piden seis años de cárcel para una mujer por estafar más de 300.000 euros a un anciano de Plasencia

Es la pena que para ella pide la Fiscalía en el escrito de acusación que ha presentado, tras la instrucción llevada a cabo por el Juzgado número 2 de Plasencia, y en el que solicita la apertura de juicio oral en la Audiencia Provincial de Cáceres.

Además de la pena de cárcel, el Ministerio Fiscal pide también para la acusada una multa de 18 meses, con cuota diaria de 12 euros, inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena y el pago de las costas procesales.

En concepto de responsabilidad civil, la Fiscalía reclama que la mujer indemnice al hombre con 345.127,14 euros.

Según su escrito de acusación, la víctima tenía 81 años «y estaba aquejado de deterioro cognitivo no filiado, circunstancia que afectaba a sus capacidades intelectivas y volitivas» cuando se sucedieron los hechos, en plena pandemia, en marzo y abril de 2020 cuando se estableció el encierro domiciliario.

Durante esos meses, en los que el anciano protagonizó episodios fruto de ese deterioro, «como pasear con un aspirador por la ciudad en pleno estado de alarma», la acusada, de nacionalidad rumana y «cuyos antecedentes penales no constan», actuó como su acompañante habitual «con la intención de aprovecharse de su situación», a juicio del Ministerio Fiscal.

Con este fin, continúa el escrito de acusación, le solicitó al anciano y obtuvo del mismo la entrega de importantes cantidades de dinero. Según movimientos de la cuenta de la víctima, el saldo de 366.072,56 euros existente a fecha 5 de marzo de 2019 disminuyó a 20.945,42 euros en fecha 7 de abril de 2020, «observándose continuas extracciones de dinero en elevadas cantidades de entre 200 y 18.000 euros, en un total de 160 operaciones en la cuenta».

Estas cantidades han sido las obtenidas por la mujer puesto que la víctima «carecía de las condiciones necesarias para poder gestionar su dinero, circunstancia de la que se aprovechó la acusada». Una vez obtenido el dinero, tanto la acusada como otros miembros de su familia remitieron a Rumanía más de 8.000 euros, «en el periodo comprendido entre septiembre de 2019 y marzo de 2020, pese a que se encontraban desempleados».