Revisión y reorientación de la política energética española

Pero nuestra democracia no está aislada en el mundo, sino sometida al cambio permanente y constante de situaciones políticas, económicas, ecológicas y financieras no solo de los países de la Unión Europea, de la cuál nuestro país es miembro, sino de la generalidad de regiones mundiales, países y grupos de países.

En este contexto, una política energética como la española o de cualquier país europeo desarrollado tiene que tener como objetivo, no solo el suministro estable y constante de energía a un precio competitivo, conforme a las necesidades actuales y previstas de energía, tanto de los ciudadanos como del sistema productivo, sino la conservación del medio ambiente, emitiendo poco o ningún CO2 y minimizando el impacto de otros contaminantes, así como conservando el volumen de trabajadores empleados en el sector o abriendo vías de recolocación garantizadas y organizadas de los efectivos laborales.

Teniendo en cuenta la variabilidad en el suministro de las energías alternativas, su bajo rendimiento y su falta de rentabilidad económica, que precisa que sean subvencionadas –esto por no hablar de la necesidad de reciclar sin daños medioambientales toda la infraestructura que se está instalando–, hacen que no sea, por el momento, y en un horizonte cercano fácil ni inequívoco confiar solo en su capacidad productiva y en su forma de producción para mantener todos los objetivos sociales, económicos y medio ambientales deseados. Es por ello por lo que, aunque se va disminuyendo poco a poco la generación energética mediante tecnologías antiguas de combustibles fósiles, siguen siendo cada vez menos necesarias, pero aún necesarias en un 20% del total. Aunque se podrá ir reduciendo su cuota en un futuro próximo. Pero de la energía que no es juicioso prescindir de ninguna de las maneras, en menos de veinte años, por lo menos, es de la producida por las plantas nucleares.

Nuestras plantas nucleares son rentables si no tienen sobrecarga fiscal. Suministran energía estable, no emiten CO2, proporcionan empleo directo, indirecto e inducido, en Extremadura, en el resto de las comunidades autónomas con centrales nucleares y en toda España, porque facilitan que no se dispare el precio de la energía. Y, como son vigiladas constantemente, son seguras y reciben las necesarias inversiones para poder seguir trabajando durante muchas décadas. Si llegaran a recibir tantas subvenciones como las empresas de producción de energía alternativa, serían aún mucho más rentables, pero este no es el caso ni se pretende. Y, el único problema que tienen son los residuos nucleares, que son de demasiada larga duración, pero hay tecnología adecuada y fórmulas para que su tratamiento y revisión permanente sea segura y fiable durante todo el tiempo necesario.

Es por todo ello que el cierre inicialmente pactado en 2019 entre las empresas nucleares y el actual gobierno tiene que ser revisado, para que no se pierdan puestos de trabajo, para que no aumente la contaminación en CO2 y para que se garantice el suministro energético con precios adecuados de la energía. Y para que no haya ni sobrecarga fiscal, ni falta de rentabilidad empresarial, sin comprometer la seguridad de los residuos ni de las centrales.

Confiamos en que este asunto no se tome a la ligera porque están en juego 30.000 puestos de trabajo en España, la minoración de contaminación en CO2 y el suministro energético rentable, suficiente y con precios competitivos, para seguir manteniendo objetivos socioeconómicos de estabilidad y crecimiento.

Nada tan sencillo como, en vez de echar balones fuera por parte de unos actores y de otros, sentarse en una mesa de diálogo y negociación. Conseguir un acuerdo benéfico para todas las partes y para la ciudadanía. Y, por otra parte, adoptar la tendencia de todos los países de nuestro entorno desarrollado, que consiste, como ya bien sabenTeresa Ribera y también Jordi Sevilla en no forzar a que las empresas nucleares no les quedare más remedio que cerrar, sino apoyarlas y confiar en ellas para que generen un mix complementario y efectivo junto con las empresas de energías alternativas.

Rectificar es de sabios y negociar para el bienestar general es de personas humildes y con conciencia.

No solo está en juego el desarrollo de Almaraz y de Extremadura, sino de todas las comunidades autónomas que tienen centrales nucleares y de todas las comunidades cuyos habitantes y su tejido empresarial se abastecen de esa energía en toda España.