Unas fiestas sin agresiones

El Gobierno, comunidades autónomas y ayuntamientos no ocultan su preocupación por el repunte de la violencia contra las mujeres desde que el control de la covid permitió la vuelta al ocio y a la interacción social masiva. El aumento considerable de las denuncias por este motivo presentadas el pasado año y los antecedentes más próximos justifican sobradamente su alarma. El refuerzo de la vigilancia policial y las campañas de sensibilización han de desempeñar un papel protagonista en este terreno. También ayudan otras fórmulas ya probadas con éxito, como la implantación de servicios de acompañamiento hasta el propio domicilio, vigilantes civiles y autobuses nocturnos con paradas 'a la carta' para reducir el peligro cuanto sea posible.

Las instituciones están obligadas a realizar el máximo esfuerzo en ese sentido. Pero, por muchos recursos que desplieguen, difícilmente tendrán el éxito deseable sin una verdadera concienciación ciudadana en la igualdad que haya completado el trayecto que separa las palabras y los hechos. Sin la erradicación de estereotipos machistas con una inquietante presencia en las nuevas generaciones por los que las mujeres son consideradas seres inferiores en derechos que han de someterse a la caprichosa voluntad de depredadores. Nadie tiene derecho a tocar a nadie sin su consentimiento explícito. Cualquier agresión sexual constituye no solo un inadmisible ataque a la dignidad humana, sino un delito ante el que no caben complicidades grupales ni excusas sobrevenidas. Acabar con esta lacra es una tarea de todos, que requiere prevención, una actitud vigilante de la ciudadanía y la mera aplicación de los valores cívicos que distinguen a las personas de las bestias.