Ante un ataque de nervios

A estas alturas de la película nadie espera que no se respete la legalidad, pues todas las personas no solo creen, sino que confían y defienden el Estado de derecho, aunque algunos lo hagan simplemente como tránsito para alcanzar sus fines, que son abiertamente contrarios a la legalidad. Ellos lo han dicho en reiteradas ocasiones: nacionalistas, independentistas, batasunos… lo que no parece importarle al pueblo español, que les vota con fidelidad frailuna. Es soberano. Algunos se suicidan también.

Creo que todo será legítimo cuando sea conforme con el mandato electoral, pero no hemos preguntado en las elecciones con quienes autorizaba el pueblo a coaligarse o en qué cama dormir. Ha sido una lástima, pues en las anteriores se le mintió en reiteradas ocasiones, tanto que la mentira en el relato tuvo carta de naturaleza de verdad, que se consideraron solo cambios de opinión.

Si el sistema electoral fuese más abierto en que se definiesen las posibles alianzas, a lo mejor, el pueblo español pondría límites. No lo sabemos. Por otra parte, no debemos olvidar, a pesar de la disciplina de partido, que el voto es personal, de cada diputado, por lo que atribuirse los partidos la propiedad de los votos es cuando menos una osadía, de ahí que se empiece hablar en España no de democracia sino de partitocracia, pues la voluntad del pueblo español no se deposita en verdad en los diputados, sino en los cuadros dirigentes de los partidos, que en definitiva nombran equipos y organizan todo el cotarro conforme a sus intereses posteriores a las elecciones. Así es, o, al menos, a sí parece. Lo importante es seguir.

Se celebraron las elecciones (23-J). El pueblo votó y ahora entre las ejecutivas de los partidos hacen el intercambio de cromos al objeto de alcanzar más que el oponente. Ya no se trata de ganador o perdedor, sino de quién obtenga más cromos (votos de diputados). Y para ello nada mejor que la subasta. En algún caso puede resultar una tómbola de feria, pero suele dejarse todo bien atado para evitar sorpresas y si es preciso se recurre a notario que de fe de los acuerdos y compromisos alcanzados. Pero en este tipo de documento suele haber dos partes contratantes: uno tiene los cromos que el otro necesita y el necesitado solo tiene ambición de poder, y se compromete a pagar con dinero ajeno en caso de llegar al poder.

Y ante nuestros ojos tiene lugar no un sainete sino un esperpento, pues en definitiva se trata de una compra a realizar con dinero ajeno, con el nuestro. Pero no importa. El pueblo, así parece, lo ha querido. Yo creo que no. Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) dicen que exige a Pedro Sánchez por sus votos tanto como la condonación de la deuda pública de Cataluña, tan solo unos 72.000 millones de euros. Por favor, no lo pasen a pesetas, pues dudo sepan leer la cifra resultante. Es decir, se venden los diputados electos de ERC por esta cantidad. ¿Los diputados de otras comunidades han pensado en venderse también? Amén de transferencias, por si acaso, y un referéndum de autodeterminación. En la Constitución española esto no tiene cabida, pero ya le buscarán el encaje, que para eso está el Tribunal Constitucional. ERC ya recibió en la legislatura anterior más de lo debido: indulto a golpistas, supresión del delito de sedición, para que puedan hacerlo, cuando crean conveniente o les venga en ganas: «Ho tormarem a fer». Y rebajaron les delitos por malversación de caudales públicos, y así si un político delinque, pero no en su propio beneficio, no pasa nada, pero si robas unas gallinas puedes ir a la cárcel. Siempre haciendo amigos. El presidente Sánchez dijo que elevaría el delito de sedición y terminó anulándolo: fue simplemente un cambio de opinión. Pero fue legal.

Junts per Catalunya pide tanto como amnistía y autodeterminación. La amnistía en la Constitución española, que es muy garantista, no llega a tanto. Ampara el indulto, pero sobre sentencia dictada por tribunal. El señor Puigdemont, además de huir en el maletero de un coche tras proclamar la República catalana, «la breve», y ser prófugo de la justicia española, quiere que se le amnistíe, y junto a él otros miles serían los beneficiados. Es decir, que pase a ser considerado poco menos que un héroe. Mucho pide, pero no importa, ya le buscaremos las vueltas a la ley o lo que sea para que los votos de Junts pasen a engordar la cuenta del señor Sánchez. Y esto quién lo paga.

El PNV, que en alguna época se ha llenado la boca de gobernabilidad, ahora no sabemos qué es lo que quiere, pero de vacío estos nunca se han ido. Dan vueltas a las competencias (materia de prisiones, por ejemplo, con los resultados que hemos visto) y a los números, pues desde el cálculo político, que no económico, del cupo vasco no han dejado de ordeñar la vaca (España). No anda muy lejos el fraccionamiento de la Caja de la Seguridad Social. El día que esto se produzca, España habrá terminado. La sanidad pública no podrá pagarse en muchas autonomías y las pensiones tampoco, y no será ya problema que sean menores las pensiones de unas zonas a otras. Bueno, parece que esto tampoco importa.

HB-Bildu, por boca de su portavoz, Otegui, augura la unión del País Vasco y Navarra. Ciertamente, el pueblo español votó en su totalidad la Constitución de 1978, pero la Disposición Transitoria Cuarta fue una locura. Los padres de la Constitución se dejaron llevar por el buenismo. A mi entender, no pudieron hacerlo peor en este caso. Se prohíbe la asociación de las comunidades con otras (Art. 145 CE) y se les da a los nacionalistas vascos y ETA la posible incorporación de Navarra. Todo un dislate. Pero… Ya veremos en qué acaba esto ahora o más tarde. En ello andamos.

Todo será legal y legítimo y el gobierno que resulte así lo será, pero no sabemos lo que nos costará el Gobierno que logre estos apoyos. Nacerá con hipotecas que no pagará el Gobierno, sino los gobernados. Alguno, tal vez reflexione y diga que disparan con pólvora del rey. Pero eso se decía cuando el reino era considerado patrimonio del rey. Ahora los reyes son todo el pueblo y este, o lo que quede de él después de los referendos de autodeterminación de Cataluña y el País Vasco, antes las Vascongadas, terminará pagando la deuda de todos los que se fueron y los créditos que se garantizaron en las hipotecas.

Ante estas expectativas y otras la única salida razonable sería un gran acuerdo patriótico, si aún cabe hablar de Patria en España, entre el PSOE (121 diputados) y el PP (137 diputados).