Almaraz, decisión embarazosa

La energia nuclear tuvo muchos detractores en el mundo y en particular en Extremadura. Una de la campañas más significativas de Adenex fue 'Nucleares, no gracias'. Este posicionamiento logró que se paralizara la construcción de una segunda nuclear en la región en Valdecaballeros.

La central de Almaraz se ubica en el Campo Arañuelo y ocupa una extensión de 1.683 hectáreas. Las centrales de fusión producen entre tres y cuatro veces más energía que las de fisión. En el caso de Almaraz es de fisión. Su refrigeración se lleva a cabo desde el pantano de Arrocampo. Contiene dos unidades: la Unidad I, que empezó a funcionar allá por el año 1983; un año más tarde comenzó la unidad II. De propiedad privada, las empresas que explotan la central son Endesa, Iberdrola y Naturgy.

El calentamiento global de la superficie de la Tierra es el principal problema que afronta el Planeta en este momento. Aunque los grandes aliados de la energía limpia son el aire, el agua y el sol, en este momento la nuclear se considera una energía limpia al no generar emisiones de gases de efecto invernadero en su fase de producción energética. Lo que no quita que la gestión de los residuos radiactivos siga siendo un problema de primera magnitud. El Almacén Temporal Individualizado (ATI) de Almaraz se encuentra alrededor del 80% de su capacidad y ya tramita la construcción de otro segundo ATI con un costo aproximado de 24 millones de euros.

Conocemos muchas cosas de Almaraz. Sabemos de los fondos que llegan a los ayuntamientos provenientes de la central; sabemos que la central ha evitado emitir millones de toneladas de CO2 a la atmósfera; sabemos de las inversiones millonarias que las empresas propietarias han hecho en la central; sabemos de la cuantía enorme que el Estado recauda en impuestos. Unos 450 millones de euros cada año, y a su vez la Junta de Extremadura una ecotasa de 90 millones, parte de estos impuestos se quedan en Extremadura, unos 100 millones; sabemos de los miles de obreros que trabajan en la central y que gran cantidad de ellos residen en los pueblos del entorno; sabemos que es la principal industria de Extremadura y muchos de sus trabajadores tienen una alta cualificación, teniendo que pasar unos exámenes muy exigentes para poder acceder a la sala de control; sabemos que el reactor se carga con 72 toneladas de oxido de uranio, si se optara por prorrogar la actividad se debería ya iniciar los trámites para comprar uranio, elemento esencial para el funcionamiento de la central; sabemos que muchos países de nuestro entorno –Francia a la cabeza– apuestan claramente por la energía nuclear, eso sí países con pocas horas de sol. Muchos datos a temer en cuenta.

Se está ejerciendo una gran presión por parte de ayuntamientos, colectivos, gobierno autonómico… para que no se cierre la central; siempre poniendo en primer lugar la multitud de trabajadores que saldrían de la empresa a pesar de que su desmantelamiento conlleve la contratación de gran cantidad de obreros.

Si en el momento actual el Gobierno central y las empresas propietarias son contrarios a la prórroga, pues blanco y en botella, protocolo firmado en 2019. La rentabilidad de las nucleares ha caído en picado, su fiscalidad se ha incrementado un 70% en los últimos 5 años. Ahora bien si la presión de los ciudadanos con la manifestación masiva del día 18 en Navalmoral de la Mata retumba en los oídos de los interlocutores, tal vez la leche se vuelva oscura y puedan ir cambiando de opinión paulatinamente. Esta ciudad ha sido escenario de grandes manifestaciones, tanto a favor del cierre como de la prórroga. El Gobierno puede que ceda en alguno de sus planteamientos, entre ellos la rebaja de impuestos a las empresas –puede modificar su postura en un día– en un Consejo de Ministros. Las empresas propietarias tendrán que analizar muchos factores: rentabilidad, inversiones, como alternativa en otras fuentes de energía, impuestos, coste económico del transporte y almacenamiento de los residuos que conlleva los residuos, precio del uranio… En todo caso exigirán una prorroga mínima de diez años para poder continuar con la explotación. No hay que olvidar que en este momento y con estas circunstancias son las empresas las partidarias del cierre. Aunque el Gobierno sea en principio contrario a la energía nuclear no creo que políticamente y socialmente sea una postura inamovible. Para replantearse un cambio de postura el Gobierno debe hacer un gran un esfuerzo presupuestario. En poco tiempo se debe saber la decisión final que se tome. Y si Almaraz es importante para Extremadura también sería deseable trabajar sin descanso para impulsar definitivamente la gigafactoría de Envision.