El Supremo amplía seis meses la investigación del 'caso Koldo' ante la magnitud de la causa tras la imputación de Cerdán

El magistrado, que hace solo unos días ya avisó que ni tan siquiera se vez capaz de hacer una estimación aproximada el tiempo que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil va a tardar solo en analizar los 22.000 archivos incautados al exasesor de Ábalos, argumenta ahora en el auto de prórroga que es imprescindible para conocer la envergadura de esta causa, «al menos, analizar el conjunto de expedientes administrativos relativos al proceso de licitación y adjudicación de las obras identificadas en el informe policial fechado el 5 de junio». Es fue el atestado basado en las grabaciones de Koldo, que fue el que provocó el inmediato cese, imputación y encarcelamiento de Santos Cerdán.

Los audios y la irrupción de la figura de Cerdán en la causa –explica Leopoldo Puente- han complicado todavía una instrucción que ya antes se enfrentaba a numerosos flancos abiertos tales como «el muy significativo volumen de material intervenido a los investigados en el curso de las entradas y registro»; o «la reciente incorporación al procedimiento, a partir del mes de junio del presente año, de seis personas más con la condición de investigados» (entre ellos Isabel Pardo de Vera).

El juez, entre las tareas pendientes de envergadura en este sumario, revela un dato que podría complicar todavía más la instrucción: la UCO «todavía está analizando» las «intervenciones telefónicas que fueron practicadas por orden» del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, que dirige Ismael Moreno, y que fue el que al inicio, antes de que fuera encausado el aforado Ábalos, se hizo cargo en exclusiva de la investigación. Según Puente, el «resultado» de esos pinchazos telefónicos «podría dar lugar a la necesidad de practicar nuevas diligencias de investigación».

Según fuentes de la investigación, el gran desafío de la UCO en la actualidad es sistematizar todo el material que la Guardia Civil se incautó en la casa de Koldo García en Marina de Polop (Alicante) y, que según reveló recientemente el instructor «supera los 10 terabytes», lo que equivaldría a «65 millones de páginas» en caso de ser volcada por escrito.

En realidad, y más allá de los archivos de Koldo, los mandos de la Unidad Central Operativa no atisban, ni de lejos, el final del ahora ya conocido como 'caso Cerdán-Ábalos-Koldo'.

Leopoldo Puente el 4 de febrero pidió un informe sobre las relaciones de «aforados», y en particular del ministro de Ángel Víctor Torres, con Ábalos, Koldo García y el cabecilla de la trama, Víctor de Aldama. Ese documento todavía no se ha completado.

La UCO, por otro lado, sigue expurgando la memoria de un terabyte de información –equivalente a 857.000 fotos de resolución media– del iPhone que el 7 de octubre se le incautó al empresario Víctor De Aldama.

El 23 de abril pasado, el juez pidió otro informe, todavía no entregado, sobre las adjudicación de las obras supuestamente amañadas que aparecen subrayadas con fluorescente en los papeles aportados por De Aldama: contratos por 54 millones que habría gestionado el Ministerio de Transportes a través de la Dirección General de Carreteras en el periodo 2018-2021.

También está pendiente de completar el informe que el instructor encargó el 20 de marzo para ampliar la investigación patrimonial de Ábalos y su entorno familiar. Y este trabajo de ver uno a uno ingresos, pagos, cheques, transferencias, tarjetas… lo van a tener que repetir casi punto por punto con Cerdán.

El juez también ordenó el clonado de todos los correos corporativos de Cerdán en Ferraz y de Ábalos en Transportes, que tardarán «meses» en procesarse. La Guardia Civil, que prepara también atestados sobre los empresarios implicados en los presuntos sobornos, igualmente está pendiente de informar sobre los resultados de los registros en ADIF y en la Dirección de Carreteras.

El 10 de junio, los funcionarios allanaron el domicilio de Ábalos en Valencia, donde, por primera vez desde que hace 14 meses estallara este caso, accedieron a información reservada del todavía diputado. Se incautaron de 34 dispositivos electrónicos, entre memorias USB, teléfonos móviles, ordenadores, tarjetas SIM y discos duros. Esa información sigue a la espera de ser analizada, incluida el disco duro que la actriz porno que estaba en la vivienda intentó sacar de la casa de manera subrepticia.