Sánchez mide su entereza con el órdago de Junts, su cita en el Senado y el juicio al fiscal general

Claro que en la legislatura de la yincana los altibajos se suceden a velocidad de vértigo. Hasta el punto de que el tiempo de alivio ganado por el jefe del Ejecutivo se asoma ahora a un nuevo test de estrés que medirá en apenas ocho días la entereza de su mandato con tres tensiómetros: el gesto de ruptura por el que opte Puigdemont, la citación el jueves del propio Sánchez en la 'comisión Koldo' del Senado y el inicio, el lunes 3 de noviembre, del juicio al fiscal general, Álvaro García Ortiz, por la presunta filtración de datos reservados del novio de Isabel Díaz Ayuso. Aunque asume que el expresident catalán, reunido ya ayer domingo en Perpiñán con Nogueras, Jordi Turul y el resto de su núcleo duro para preparar su posicionamiento de hoy, partirá la baraja de algun manera, Moncloa se afana en subrayar que seguirá presentando iniciativas en el Congreso con la convicción de Junts no forzará una moción de censura con PP y Vox y de que el divorcio no implicará que pueda «votar 'no' a todo».

Un mensaje que persigue inocular calma y que es equiparable al que esgrime el entorno presidencial ante el interrogatorio –será «un día importante», se admite– al que Sánchez se verá sometido el jueves en la comisión de investigación de las corruptelas del, en origen, 'caso Koldo' que ahora involucra de lleno a los exsecretarios de Organización del PSOE José Luis Ábalos y Santos Cerdán. El presidente se adentrará a las nueve de la mañana en la señorial Cámara alta trasformada esta legislatura en el fortín del PP, gracias a la mayoría absoluta que le permite ejercer desde ella como contrapeso al Gobierno. En el Gobierno se espera poco menos que un Vietnam, donde Sánchez pero también sus interrogadores se juegan mucho en términos de fortaleza y credibilidad políticas. Los de Alberto Núñez Feijóo, que han optado por tomarse con sordina    la amenaza de ruptura de Junts –«Busca subir el precio», malicia, escéptica, una dirigente–, han aguardado año y medio a consumar el anuncio de su líder de llevar al presidente ante la 'comisión Koldo'.

Las fuentes cercanas a Sánchez aseguran que el jefe del Ejecutivo no se había sentado aún este fin de semana a preparar una sesión a la que el Gobierno pretende conferir «normalidad» protocolaria y que preparan el equipo del gabinete de Presidencia que comanda Diego Rubio y la Secretaría de Estado de Comunicación.      Una comparecencia que se asimila en Moncloa al 'entrenamiento' para un debate sobre el estado de la nación, en el hay numerosos flancos sobre los que el interpelado deberá responder y sobre los que hay que fijar «qué quiere decir». «Van a sacar toda la basura», auguran las fuentes consultadas, en referencia a la estrategia del PP y, por extensión, de Vox.

«La basura» son todas las causas que salpican a Sánchez, incluidas las que mantiene imputada a su mujer y la que encamina a juicio a su hermano, aun cuando los interrogadores deberán esmerarse para cohonestar los distintos casos toda vez que el objeto de 'la comisión Koldo' es la investigación de los contratos supuestamente fraudulentos para la compra por administraciones socialistas de mascarillas activadas por la trama corrupta. El jefe del Ejecutivo ya anticipó el jueves en Bruselas, en su rueda de prensa posterior al Consejo Europeo, que replicará a todo lo que se le inquiera. Lo que en La Moncloa niegan es que precise preparar la citación parlamentaria –«No está imputado», constatan– contando con los servicios jurídicos, aunque sí recurrió a la Abogacía del Estado para querellarse contra el juez Juan Carlos Peinado por la declaración que le tomó éste en el complejo gubernamental en relación a las acusaciones contra Begoña Gómez.

Sánchez desconoce aún a quién tendrá que enfrentarse, porque el PP se guarda quién llevará la voz cantante en un trance que solo tiene un precedente y en circunstancias muy distintas: la comparecencia el entonces presidente Rodríguez Zapatero en la comisión de investigación del Congreso por los atentados del 11-M. Este jueves, cada uno de los siete grupos del Senado, con independencia de su tamaño, dispondrán de 50 minutos para inquirir al presidente. Se prevé, por tanto, una jornada prolongada, que seguirá a lo que ocurra con el pacto con Junts –y a cómo se desarrolle, apenas unas horas antes, el funeral de Estado en Valencia por la dana– y que precederá a otro mal trago para el Gobierno: el de ver pasando de acusador a acusado al fiscal general.