Un juez de la Audiencia Nacional archiva una querella a Netanyahu por el asalto a la flotilla
El magistrado Antonio Piña, con el informe favorable de la Fiscalía, considera que la denuncia de un ciudadano español detenido y deportado por Israel no es competencia del tribunal
El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha inadmitido y archivado una querella presentada contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y varios ... altos mandos del Ejército por el asalto y abordaje «violento» en aguas internacionales y sin orden judicial de la embarcación Madleen. Un navío integrado en la misión civil internacional Flotilla de la Libertad con destino a Gaza, ocurrido el pasado 8 de junio a más de 100 millas de la costa, una semana después de partir de Catania (Italia) con una docena de tripulantes a bordo.
La querella había sido presentada por el ciudadano español Sergio Toribio, que viajaba en dicha embarcación con bandera de Guinea-Bissau, y por el Comité por la Solidaridad con la Causa Árabe. Iba dirigida, además de contra Netanyahu, contra el ministro de Defensa, Israel Katz; el vicealmirante y comandante de la Armada, David Saar Salama; los altos mandos de la Unidad Shayetet 13, encargada del abordaje, y contra el excomandante y actual portavoz del Ejército israelí, Daniel Hagari.
Estos hechos, según los querellantes, eran constitutivos de un delito de lesa humanidad (con detención ilegal y deportación) y de otro delito contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado.
El auto del juez, que se apoya en el informe de la Fiscalía de la Audiencia Nacional contrario a la admisión de la acción penal, considera que los hechos no son competencia del tribunal por la falta de jurisdicción de los tribunales españoles conforme a Ley Orgánica 1/2014 de jurisdicción universal. Una norma restringió este tipo de investigaciones internacionales en plena polémica por una causa abierta a las autoridades chinas por el presunto genocidio en la región del Tíbet.
«El contenido de la querella impide la atribución del conocimiento de esta a la jurisdicción española al no concurrir los presupuestos del artículo 23.4 a) y b) de la Ley orgánica del Poder Judicial y debemos invocar la persecución de estos delitos, en el presente tiempo a la Corte Penal Internacional, regida por el Estatuto de Roma, ratificado por España, que tiene carácter permanente y autónomo», concluye el instructor.
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