Interior rechaza informar a la UCO de las visitas a Cerdán en prisión

El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska ha suspendido en las últimas horas la entrega de esa información a la UCO, según confirman los investigadores a este periódico, después de que el juez del caso Koldo en el Supremo, Leopoldo Puente, dejara a criterio de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias la decisión de colaborar o no con el seguimiento que había requerido la Guardia Civil.

Sea como fuere –explican fuentes del caso- esta medida había perdido gran parte de sus efectos porque Interior, a través de un escrito al Supremo, había hecho público el interés de los investigadores por conocer con quién se reunía el exdirigente socialista.

El propio secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz González, en un escrito dirigido al instructor Puente le ha informado en las últimas horas que «se deja sin efecto el cumplimiento que por parte de esta Secretaría General se venía haciendo relativo a la solicitud de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, a través de la Unidad Técnica de Policía Judicial de dicho cuerpo, en la que se pedía información sobre las visitas al interno».

Ortiz González explica que así se ha decidido «en virtud» de la providencia dictada por el propio Puente en la que éste, el viernes de la pasada semana, explicaba que él no había ordenado a la UCO investigar las comunicaciones en prisión de Cerdán y daba vía libre a prisiones para actuar en los «términos que considere normativamente conducentes».

Fue el pasado 3 de julio -solo horas después de que el abogado Santiago Teijelo (vinculado a la 'fontanera' de Ferraz, Leire Díez) visitara a Cerdán en Soto, donde había ingresado tres días antes- cuando los agentes del Departamento de Delincuencia Económica y Anticorrupción que dirige el teniente coronel Antonio Balas reclamaron ser «informados» de «las visitas que reciba el interno, a poder ser con antelación a que se produzcan». La UCO especificaba que «en caso de que estas (visitas) sean imprevistas, como las llevadas a cabo por miembros del colegio de abogados, se informe a la mayor brevedad posible».

Los investigadores precisaban que no pretendían conocer el contenido de esas comunicaciones, lo que sería ilegal. «Es de interés quién y cuándo se realizan o realizarán dichas visitas, no así el contenido de las mismas», abundaba UCO en su oficio enviado a la dirección del centro dependiente del Ministerio del Interior.

El oficio terminaba rogando a prisiones «la máxima discreción» sobre las gestiones para conocer quién visita al exsecretario de Organización del PSOE, «por el posible impacto que puedan tener en las investigaciones».

Sin embargo, fue el propio secretario general de Instituciones Penitenciarias el que hizo pública la existencia de ese interés de la UCO por las visitas. Ángel Luis Ortiz avisó en una resolución remitida el pasado 16 de julio al juez Leopoldo Puente de que el Ministerio del Interior ya estaba recopilando esa información y que prisiones quedaba a la espera de las instrucciones del juez. Ese escrito, como todos los que obran en la causa, que ya no está secreta, acabó filtrándose, lo que ha provocado un serio enfado entre los mandos de la UCO con Instituciones Penitenciarias, que se suma al malestar por el «continuo interés» de los mandos de «nombramiento político» del cuerpo por conocer de antemano las novedades de la investigación del equipo que dirige Antonio Balas.