Las inspectoras ratificaron que la pareja de Ayuso hizo «facturas falsas» para tributar menos

En la sede del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, las inspectoras confirmaron no solo los delitos fiscales en los ejercicios 2020 y 2021, sino el uso de «facturas falsas» para tratar de ocultar parte del impuesto de sociedades a pagar. «Como tenía mucha carga fiscal ese año porque tenía muchos beneficios, una forma de hacerlo era la utilización de facturas falsas», señaló en su declaración una de las técnicos de Hacienda, a cuyo audio de más de dos horas y media ha tenido acceso este periódico.

El informe que elaboraron, de 187 páginas, fue explicado en el interrogatorio judicial de marzo. Las partes, acusaciones y defensas, preguntaron a las funcionarias sus dudas sobre el documento que acabó judicializado por superar la barrera del delito fiscal en cada ejercicio: 120.000 euros. «El motivo por el que se inician estas actuaciones inspectoras es que había un incremento muy considerable de los ingresos en el ejercicio 2020 respecto de 2019, unos 2.330.000 euros aproximadamente», señaló en su intervención una de las peritos.

«El hecho de que se incremente la facturación en una empresa no suele ser llamativo. Lo que es llamativo es que baja la tributación, es decir, incrementando de forma tan considerable los ingresos, no nos resulta lógico que baje la tributación. En 2019 tuvo unos ingresos de 375.000 euros aproximadamente. Si pasó a tener 2.330.000 tendré que incrementar la cuota ante la Hacienda Pública… y nos damos cuenta que no. En 2020 se sucede esta situación», añade entrando al detalle de la motivación del expediente a González Amador y a su empresa Maxwell Cremona.

Esos dos millones de euros se enmarcan en el cobro de una comisión por la mediación en la compraventa de mascarillas en los inicios de la pandemia de la Covid-19. Pero como no no quería pagar a Hacienda de acuerdo a sus ganancias organizó, según la tesis de la instrucción judicial, una trama de facturas falsas. La Agencia Tributaria se pone a revisar toda la documentación de la empresa y sospecha de la justificación de varios trabajos. Dos de ellos, de abultados ingresos: uno en México y otro en Costa de Marfil.

En el país norteamericano no encuentran el servicio por el que la sociedad de González Amador había facturado supuestamente 620.000 euros en 2020. Las investigadoras siguieron tirando del hilo y llegaron al ejercicio siguiente. Allí encontraron un encargo de una empresa de Costa de Marfil por 900.000 euros. Sus comprobaciones les hicieron concluir que el trabajo en África tampoco se había hecho.

Cuando ya sabía que Hacienda le investigaba, González Amador intentó convencer a la Agencia Tributaria de que esa factura se había anulado a posteriori. Así se lo explicó la inspectora fiscal a la jueza: «Cuando hemos detectado esta irregularidad es el momento en que el contribuyente reconoce que va a anular contable y fiscalmente esa factura. Una factura que ya estaba recogida en su contabilidad, que ya se la había deducido fiscalmente dentro de sus declaraciones. Entonces, vamos a decir, esta regularización la hace cuando ya me ha pillado la Agencia Tributaria (...) y las propias autoridades mexicanas están poniendo en evidencia que esa factura no responde a la realidad de los servicios, porque no se han prestado».

Cuando realizó esa segunda declaración, la del ejercicio de 2021, ya había comenzado su relación con Díaz Ayuso. La Fiscalía y la Abogacía del Estado piden para él tres años y nueve meses de cárcel por dos delitos de fraude fiscal en concurso con otro de falsificación de documentos. La acusación popular de PSOE y Más Madrid eleva su petición de condena a los cinco años. En total, emitió un total de 17 facturas falsas para aumentar su facturación, que en 2021 se multiplica por cuatro respecto de su principal cliente, Quirón Prevención, la división del gigante de la sanidad privada que factura cerca de mil millones anuales a la Comunidad de Madrid.

Pero hay otras facturas más pequeñas que condujeron a los inspectores a un pueblo de Sevilla. Las empresas que le facturan a González Amador están domiciliadas en casa de un camarero y el empleado de una panadería, ambos hermanos, o en la sociedad de un pequeño empresario sin apenas actividad. «Nos encontramos con 13 facturas emitidas por seis empresas carentes prácticamente de medios humanos y materiales para lo que es la facturación«, afirmaron las inspectoras a la jueza Inmaculada Iglesias.

La declaración de marzo también dejó un momento de tensión con el abogado de Maxwell Cremona que obligó incluso a intervenir a la magistrada. «Una pregunta que está aireando: ¿Cuándo se tiene conocimiento de que don Alberto González Amador es pareja de la presidenta de la comunidad?», preguntó el letrado al final de su interrogatorio. «Esto es un tema personal que yo no tengo por qué responder», respondió la perito. «¿No nos lo puede decir eso?», reiteró el abogado, al que la jueza intentó cortar. «Eso es un tema personal. Yo ahí no me meto», insistió la inspectora.