El Gobierno sopesa una treta jurídica para evitar un gol de Junts con el calendario de las nucleares

La medida, impulsada por el PP –junto a otras que pretenden congelar las tasas aeroportuarias de Aena y la recuperar las indemnizaciones por retraso y cancelaciones del AVE de Renfe– salió adelante en la Cámara alta no solo con la mayoría absoluta del primer partido de la oposición sino con la abstención de Junts y de ERC. Si la formación de Carles Puigdemont optara por votar este jueves a favor, o ambos partidos se mantuvieran en sus posiciones, el texto prosperaría puesto que el apoyo de Vox se da por descontado.

Podemos reclamó este lunes al PSOE y Sumar que impidan la tramitación amparándose en el artículo 134.6 de la Constitución: «Toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación». Y, aunque tradicionalmente se ha entendido que en esta fase procedimental no cabe ya ese veto, fuentes de la Cámara baja apuntan que el asunto será analizado este martes por los letrados y la Mesa decidirá.

Ya hay en esta legislatura un precedente de una maniobra casi idéntica. El pasado marzo, los dos partidos del Gobierno retiraron mediante esa fórmula, hasta entonces inédita, dos enmiendas introducidas por el Senado en el proyecto de ley de desperdicio alimentario para rebajar el IVA de alimentos básicos hasta el 31 de diciembre (impulsada por el PP) y para proteger las plantas de purines (a propuesta de Junts y ERC). El asunto generó enorme controversia y enfadó enormemente al partido de Carles Puigdemont. En represalia, los posconvergentes votaron en contra de la creación de la Agencia de Salud Pública, que hasta entonces habían apoyado.

El Senado planteó ya entonces un conflicto con el Congreso ante el Tribunal Constitucional, que fue admitido a trámite el pasado septiembre pero que aún está pendiente de resolución.

Los socialistas aseguran que no hay nada decidido y que habrá que analizar si efectivamente el argumento de un impacto en los presupuestos es válido. El Constitucional ya ha quitado la razón al Gobierno en alguna ocasión por aplicar el veto a medidas que no afectaban a las cuentas en curso. En concreto, el pasado junio desestimó un conflicto entre órganos constitucionales promovido por el Ejecutivo contra la decisión de la Mesa del Senado de permitir que se tramitara contra su criterio la derogación de la ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

En todo caso, el mero hecho de que el PSOE sopese utilizar de nuevo la discutida treta jurídica ya resulta indicativo de su desconfianza hacia cuál puede ser el próximo golpe de Junts.

En realidad, el Gobierno se abrió hace unos meses a extender el calendario de cierre de las nucleares, pero bajo unas condiciones, entre ellas, que tenga coste para los consumidores. Ahora tiene sobre la mesa la petición de los propietarios de Almaraz, que debería desmantelar sus reactores en 2027 y 2028, para prorrogar su vida útil; algo por lo que aboga incluso el PSOE extremeño. Pero la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, censuró hace unos días la enmienda del PP por obviar «cualquier criterio técnico de seguridad nuclear y radiológica» y pidió a los grupos parlamentarios que, llegado el caso, voten en contra.