El Gobierno se plantea revertir las rebajas fiscales de Montoro bajo investigación judicial

El origen de la causa, abierta hace ya ocho años en el Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, fue la relación de empresas gasistas con el despacho, del que oficialmente Montoro se desvinculó al regresar a la vida política, pero la investigación apunta a que fueron muchas las empresas que recurrieron a él desde sectores diversos (eléctricas, renovables, juego, construcción...). No obstante, el propio Ejecutivo no se atreve aún a concretar ni cuáles son los textos afectados ni qué porcentaje de los supuestos beneficios obtenidos en perjuicio de las arcas públicas se podrían recuperar.

Montero, insistió en TVE en que la voluntad del Gobierno es preservar aquella legislación que haya resultado positiva para el «interés general» pero «aquello que ha beneficiado a grandes empresas, efectivamente, se devuelva al Estado». Sin embargo, admitió que es «prematuro» hablar de cifras, entre otras cosas, porque «no se puede tener un comportamiento que pueda ser gravoso para el contribuyente a nivel retroactivo».

En la parte conocida del sumario, que llega hasta julio de 2024, solo se hacer referencia expresa a dos asuntos. Una reforma legislativa que afectó en 2014 tanto a la ley de Impuestos Especiales de 1992 como al reglamento de ese impuesto y con la que el conglomerado de gasísticas Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM) logró rebajas en el impuesto sobre la Electricidad. Y una modificación del Impuesto sobre Actividades Económicas a través de una enmienda a los Presupuestos Generales de 2018, aprobados solo días antes de que Rajoy perdiera el Gobierno en junio de 2018 tras la moción de censura de Pedro Sánchez, con la Agencia Tributaria calcula que esas mismas empresas pudieron ahorrar unos 10,5 millones de euros en cinco años.

Pero al margen de lo que cueste ahora perimetrar el asunto, habrá que ver si es posible dar la vuelta a la legislación afectada en un Parlamento tan fragmentado como el actual. El Ejecutivo ya fracasó hace unos meses en su intento de hacer permanente el impuesto extraordinario a las eléctricas ante la negativa rotunda del PNV y Junts. Esa, de hecho, es una de las cuestiones a que siempre le echa en cara Podemos, que aceptó salvar la reforma fiscal el pasado noviembre a cambio de una proposición de ley específica que recogiera esa figura. Los morados se presentan como víctimas de un engaño y desde entonces su actitud con el Gobierno, sustentada tanto en razones políticas como estratégicas, ha sido más beligerante, como se comprobó en el pleno de este martes con su rechazo al decreto antiapagones.

Esa sesión parlamentaria, la última del este curso político, sirvió para evidenciar, precisamente, la fragilidad del Ejecutivo. Tanto, que el presidente del PNV, Aitor Esteban, alertó ayer del riesgo de bloqueo de la legislatura. A su juicio, se está consolidando una «mayoría negativa» que puede hacer «tambalear a un Gobierno». Por lo pronto, no pudo salir adelante ese decreto de refuerzo del sistema eléctrico debido a los votos del PP, Vox y varias de las fuerzas del bloque de investidura, en concreto, Junts, Podemos, BNG y Chunta Aragonesista.

Sánchez, sin embargo, insistió en el vuelo de regreso de su periplo latinoamericano en su habitual optimismo sobre la continuidad de su mandato. Argumentó que, pese a todo el Gobierno saca adelante el 86% de las votaciones y advirtió de que él seguirá adelante con su hoja de ruta «y el PP pataleando» , porque aunque sea cierto que no hay una mayoría de izquierdas, su tesis es que tampoco la hay de derechas y que él es el único capaz de concitar una mayoría transversal.

Ya el martes, el presidente minimizó, en una comparecencia Montevideo, esa simbólica derrota en un real decreto ley que había sido muy trabajado y consensuado con la industria y los ecologistas poniendo en valor el resto de iniciativas que sí habían salido adelante. «Seis de siete, ni tan mal», presumió. También demostró que cree haber dejado atrás lo peor de la crisis provocada por el 'caso Cerdán' al relativizar la importancia de este caso respecto a los del principal partido de la oposición, que tildó de «corrupción sistémica». Hoy insistió, según Europa Press: «Estoy bien, fuerte».