Bruselas se mantiene al margen del pulso entre Madrid y Tel Aviv

La falta de un apoyo expreso de las autoridades comunitarias antes las sanciones o amenazas a un estado miembro se han hecho habitual cuando Israel es un actor implicado. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen y algunos socios como Alemania y los países del este, no ocultan su cercanía al estado hebreo lo que ha obligado a cada país a actuar por su cuenta y riesgo ante la ocupación de la Franja. Todo lo contrario a lo que ocurre con Rusia, a la que la UE responde con una sola voz.

Fiel a su propósito de no involucrarse en la ola de condenas que le llueven a Israel, Bruselas eludió también ayer valorar las medidas aprobadas por España al tratarse de «decisiones soberanas».

Tanto Díaz como Rego restaron importancia a la prohibición que les ha impuesto el Ejecutivo israelí para acceder al país. Para la vicepresidenta segunda, incluso, «supone un orgullo que un estado que perpetra un genocidio nos prohíba la entrada».

Ambas ministras recibieron el reconocimiento de otras fuerzas de la izquierda que lejos de considerar la medida israelí como una sanción la valoraron como una medalla para quienes desde el Ejecutivo luchan para poner fin a la ofensiva en Gaza. A nivel nacional también se pronunció el Ministerio de Asuntos Exteriores. El departamento que dirige José Manuel Albares calificó de «inaceptable» el veto a dos ministras del Gobierno.

La confrontación entre Díaz y Rego con Tel Aviv ha sido una constante desde el inicio de la guerra. Uno de los momentos de mayor tensión se vivió a cuenta de la publicación de un vídeo para celebrar el reconocimiento de Palestina como estado soberano. «Palestina será libre desde el río hasta el mar», señaló en él la vicepresidenta. Se trata de un lema usado por el movimiento independentista que se acuñó ya en tiempos del mandato británico sobre la región. Rego, cuyo padre es de origen palestino, afirmó que la estrategia de Israel pasa por de «criminalizar» a todos los que señalan su «barbarie» La ministra, ha sido una de las voces más críticas dentro del Gobierno con la ocupación y más singularmente con el asesinato de más de 18.000 niños.