La crisis de las pulseras antimaltrato da aire al PP en busca del voto femenino

La ofensiva está pautada y por ahora incluye la petición de reprobación por el Congreso de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, después de que la memoria anual de la Fiscalía General del Estado haya destapado que un agujero técnico en los datos de control de los agresores al mudar de proveedor (de Telefónica a Vodafone) ha desembocado en «una gran cantidad» –sin cifrarla– de «sobreseimientos provisionales y fallos absolutorios». Los populares anticiparon su iniciativa el viernes. Este sábado abrieron la mañana anunciando que trasladarán «la negligencia» del Ejecutivo a la Comisión Europea. Y este martes, sumarán las deficiencias en la aplicación de las pulseras telemáticas al pleno monográfico en la Comisión General de las Comunidades Autonómas –con invitación a Redondo para que acuda y a la que no asistirán los consejeros concernidos de las gobernadas por el PSOE– que los de Feijóo han convocado en su fortín del Senado sobre la violencia de género.

Todo ello hilvanado por la exigencia a Sánchez de que destituya a su ministra de Igualdad, quien ha minimizado el riesgo de la falla al 1% de los dispositivos –ahora están obligados a llevarlas 4.500 encausados por agresiones machistas, de forma pareja a la que llevan las amenazadas para garantizar que las órdenes de alejamiento se cumplen– y ha culpado a los fiscales de generar un alarmismo que, según su versión, no es real porque las mujeres no sufrieron desprotección. La eurodiputada popular Rosa Estarás ha elevado una pregunta a la Comisión con la sospecha de que el Ejecutivo ha podido vulnerar hasta cuatro directivas comunitarias de cobertura a las víctimas de maltrato sexista. «No pueden quedar desprotegidas por negligencias en la gestión de un contrato público, el Gobierno debe dar explicaciones», requiere Estarás. La portavoz en el Senado, Alicia García, quien enfatiza que «cualquier Gobierno decente pediría perdón dimitiría en bloque», apunta al meollo de la estrategia de Feijóo: «Sánchez presumió de construir un Gobierno feminista, pero ha sido el más machista y el más dañino para las mujeres de toda la democracia».

La migración del contrato de las pulseras se ha ejecutado bajo mandato de Redondo, pero la adjudicación la emprendió el ministerio cuando lo pilotaba la dirigente de Podemos Irene Montero, que avaló el contrato pese a que la evaluación técnica ya avisaba del «diseño deficiente» del proceso de transición. Que el boquete abierto con las pulseras antimaltrato siga al desaguisado causado por la excarcelación de un millar de agresores sexuales beneficiados por una laguna en la ley del 'solo sí es sí' patrocinada por Montero ha colocado un imprevisto balón en el pie del PP, determinado a tratar de desmontar una de las banderas –el combate contra el machismo– que mejor le ha funcionado electoralmente a Sánchez.

Sabedora de que ése es el pulso de fondo, la vicepresidenta María Jesús Montero se afanó el viernes en echar en cara a su rival que «se rasgue las vestiduras» ahora cuando «no cree en los derechos de las mujeres» y pacta con Vox políticas regresivas para ellas. Fue precisamente el miedo a la extrema derecha lo que permitió a Sánchez amarrarse al imprescindible voto femenino para aguantar en las generales del 2023, después de que una encuesta 'flash' del CIS para las locales de dos meses antes reflejara casi un empate –el 21,5% frente al 21,1%– entre el PSOE y el PP, favorecido éste por las crisis del 'solo sí es sí' y la ley trans. En medio de la euforia del congreso nacional celebrado en Madrid este julio, Feijóo y los suyos confiaban en hacerse fuertes en las filas de las electoras zaheridas por la zafiedad del trato hacia las suyas de Ábalos y Koldo como nutriente de su ambición de llegar a los 10 millones de sufragios.