Ábalos declara la guerra a Puente y lleva a los tribunales la auditoría que le incriminó

Ábalos asegura que ese dossier de Transportes en el que se señalaban importantes irregularidades tuvo una «trascendencia efectiva» en su imputación por parte del Tribunal Supremo y constituye -afirma en su demanda- una «investigación paralela» realizada «de forma ilegítima» por el Ministerio de Transportes.

Según aquella auditoria, encargada en febrero de 2024 poco después de la detención de Koldo García y cuyas conclusiones se conocieron en agosto del pasado año, el propio Ábalos fue quien firmó en marzo de 2020 las autorizaciones de compra de mascarillas a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas (propiedad de De Aldama). La primera autorización que rubricó fue por cuatro millones de unidades, que apenas 38 minutos después se elevaron a ocho por otra nueva orden de Ábalos, que transmitió su exasesor Koldo García al subsecretario de Transportes Jesús Manuel Gómez.

En ese mismo documento, los responsables de la auditoría resaltaban que «no puede menos que llamar la atención que pudiera parecer que la estimación final del alcance de la emergencia duplicada estaría más relacionada con la oferta que con las necesidades detectadas». La auditoría que cuestionaba a Ábalos concluía que existió una «influencia ejercida por personas ajenas a procedimientos reglados».

Para Ábalos, sin embargo, todo ese informe es falso. «Todas y cada una de las aseveraciones son inciertas y obedecen a un sesgo que se manifiesta en la selección de datos y en la interpretación interesada de los mismos, lo que lleva a conclusiones que no reflejan fielmente la realidad de los hechos auditados», apunta la denuncia.

El exministro sostiene en su demanda que el informe que le incrimina habría falseado el testimonio de los funcionarios, hasta el punto de «poner en boca» de esos testigos afirmaciones que nunca hicieron y «omitiendo» aseveraciones supuestamente exculpatorias que «que sí dijeron». Para el imputado, la auditoría que encargó Puente como primera medida tras estallar el caso Koldo, «se vehiculiza y orienta de forma deliberada para posicionar las decisiones de compra en la más absoluta arbitrariedad al margen de los procedimientos».

Recuerda José Luis Ábalos, que la orden de realizar la auditoría tuvo lugar el 27 de febrero 2024, por tanto anterior a la publicación del real decreto que otorgaba competencias de fiscalización al ministerio. Esta circunstancia, entiende el exministro, «acredita una pulsión de celeridad en su elaboración e inmediata puesta en conocimiento de la opinión pública«. O sea, que esa auditoria nunca «pretendió tener eficacia en el ámbito interno sino que tuvo una evidente vocación de difusión pública».

«La decisión del actual ministro de Transportes ordenando la realización de esta auditoría carece de justificación alguna porque su proyección no fue el control interno sino la inmediata difusión de sus conclusiones pretendiendo mostrar a la opinión pública transparencia, distancia y alejamiento de los anteriores responsables del ministerio en una estudiada proyección de eficiencia y objetividad», abunda la demanda.

Además, defiende José Luis Ábalos, este informe se hizo «de forma ilegitima porque la ortodoxia procedimental señala que cualquier actuación administrativa queda paralizada por la actuación judicial».