La UCO presiona sin éxito a la Audiencia para investigar los chivatazos de 'Lezo'

Ignacio González en el momento de su detención./
Ignacio González en el momento de su detención.

El juez y los fiscales se niegan a abrir una pieza sobre los soplos desde instancias oficiales a González a pesar de la multitud de indicios

MELCHOR SÁIZ-PARDOMadrid

Los responsables de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil no dan crédito. El juez de la Audiencia Nacional y la Fiscalía se niegan a investigar, por el momento, los chivatazos que alertaron a Ignacio González y a su entorno de que estaban siendo investigados por sus tropelías en el Canal de Isabel II. Unos soplos que, según reconocen los propios investigadores, estuvieron cerca de llevar al traste la operación Lezo y que provocaron que el expresidente de la Comunidad de Madrid y el resto de los imputados tomaran precauciones durante los últimos meses antes de ser detenidos el 19 de abril.

Según han revelado mandos del operativo, todos los intentos por convencer al juez Eloy Velasco para que abra una pieza separada y secreta para investigar estas filtraciones, como es la práctica habitual en estos casos, han sido baldíos. Al menos hasta ahora. El magistrado no ha dado explicación alguna a los requerimientos.

La UCO tampoco, hasta ahora, ha logrado el apoyo de los fiscales del caso, Carlos Iañez y Carmen García Cerdá, para promover una investigación sobre estos chivatazos. Unos soplos de los que el fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, ha asegurado que no tiene constancia que llegaran a existir pero que, sin embargo, provocaron que el juez de apoyo de Velasco, Alejandro Abascal, tuviera que recurrir a micrófonos ocultos en el despacho de González para llevar a buen término la operación.

La reiterada negativa desde las diferentes instancias judiciales ha causado perplejidad en la Guardia Civil, máxime porque los "indicios concretos" contra ciertas personas y los datos "fehacientes" de la existencia de los soplos figuran en multitud de pasajes del sumario. Esas pruebas, señalan los investigadores, apuntan a la posible implicación de conocidas personas del mundo judicial, de la abogacía, del Gobierno, de la política, de los medios de comunicación, e incluso de las fuerzas de seguridad del Estado.

Hasta ahora ni el juez Velasco ni los fiscales han hecho una sola gestión para conocer quién es "la magistrada amiga de la casa" que alertó a uno de los principales imputados, Edmundo Rodríguez Sobrino, consejero de la editora del diario La Razón y expresidente de Inassa, de que estaba siendo pinchado. Rodríguez, antes de ingresar en prisión, no fue preguntado por el asunto. Tampoco lo fue Ignacio González, quien transmitió al exministro Eduardo Zaplana el pasado 22 de noviembre que el presidente de La Razón, Mauricio Casals, le había avisado en una comida del soplo de la "magistrada" a Rodríguez Sobrino.

Ni siquiera Casals fue preguntado sobre la identidad de esta juez, aunque los investigadores ya tienen sobre la mesa el nombre de una conocida magistrada con estrechos lazos con miembros de la Audiencia Nacional, que bien podrían saber de la operación en marcha. La Comisión Disciplinaria del Poder Judicial tampoco está dispuesta investigar el asunto, ya que se trata de un delito penal (revelación de secretos) que solo compete a la justicia.

Reunión familiar

Ni el juez ni la Fiscalía han movido un dedo tampoco para saber cómo se gestó una segunda filtración, el soplo del que hablaron en una reunión familiar los González el 7 de marzo, la víspera de que Pablo, hermano del expresidente madrileño, se reuniera con el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto. Un careo entre ambos para tratar de esclarecer el origen de ese soplo aparece como "impensable" en la Audiencia, a pesar de que el propio hermano del expresidente reconoció en otra llamada que el encuentro con el número dos de Interior había sido "muy interesante".

La tercera filtración conocida sería muchísimo más fácil de investigar y, apuntan los investigadores, justificaría por sí sola la apertura de la pieza separada. Se trata del chivatazo que supuestamente recibió Rodríguez Sobrino del abogado brasileño Diogo Pacheco. El letrado viajó a Madrid el 17 de octubre de 2016 para encontrarse con el hombre de confianza de González en un hotel y avisarle de que tres meses antes la justicia española había ordenado el bloqueo de una cuenta en Suiza de Sebastiao Cristovam, el principal accionista de Emissao, la ruinosa empresa brasileña comprada por el Canal de Isabel II para blanquear.

La Guardia Civil también considera indispensable abundar en los contactos que el propio González mantuvo con miembros de la judicatura y de altas instancias para intentar presionar en nombramientos favorables (sobre todo en Fiscalía) a sus intereses judiciales, como los que mantuvo con el vocal del Poder Judicial a propuesta del PP entre 1996 y 2001 Enrique Arnaldo Alcubilla.