El bono social de Mérida para pagar luz, agua, gas y butano llega a 741 familias

Catalina Alarcón explicó este martes que sumando trámites económicos, prestaciones, orientación laboral y otros trámites para viviendas o rentas, el servicio atendió en total 1.653 familias de la ciudad. Con este dato quiso ilustrar la concejala el volumen de trabajo que atienden.

Especialmente destacó las políticas que requieren de una respuesta eficaz y rápida ante situaciones de extrema fragilidad. En esa línea habló de un presupuesto de 367.000 euros para ayudar a pagar las facturas de la luz, el agua, el gas o el butano a los vecinos con menos recursos. El objetivo de este plan de mínimos vitales es combatir la pobreza energética. Ese dinero se repartió el año pasado entre 741 familias. Lo que da una media de 491 euros al año por cada solicitante. Otra línea de trabajo en la delegación son las contingencias. Extraordinarias y se resuelven de forma rápida para hacer frente a contratiempos que no pueden pagar los vecinos y necesitan cubrir, sobre todo, en los casos de que haya menores afectados. A través de la Junta recibe el Ayuntamiento una subvención para estos casos de 240.000 euros y sirvió para auxiliar de la emergencia social a 281 familias.

Para evitar también que los niños sufran las necesidades activaron en mayo un programa de tarjetas monederos para garantizar a los padres el dinero mínimo con el que comprar productos básicos a los hijos.

El monedero total del Ayuntamiento es de 51.000 euros y lo han usado ochenta familias.

Catalina Alarcón destacó que aunque hay programas diferentes y financiación de fondos distintos, en la concejalía trabajan para proteger a los menores en las familias más vulnerables. Para amortiguar las limitaciones por el contexto social y económico en el que viven. Otro eje que destaca la concejala es la inserción laboral para que salgan de los riesgos de exclusión social. Especialmente satisfecha se mostró del impacto en algunos barrios de Crisol. Ayuda a parados sin formación a iniciar una nueva formación o a conseguir un título laboral. O que los jóvenes que abandonaron los estudios los retomen antes de seguir en el mercado laboral sin cualificación.

En Crisol participaron en 2024 184 desempleados, ayudaron a 43 a conseguir un empleo y al resto a cualificarse para trabajar a corto plazo.