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Giuseppe Conte, primer ministro italiano EFE
Italia pretende regularizar hasta a 300.000 inmigrantes que garanticen la recogida de las cosechas

Italia pretende regularizar hasta a 300.000 inmigrantes que garanticen la recogida de las cosechas

Salvini amenaza con protestas contra la concesión de un permiso de tres meses para los indocumentados que también causa un enfrentamiento dentro de la coalición de Gobierno

darío menor

Roma

Jueves, 7 de mayo 2020, 14:28

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Ante el riesgo de que la pandemia del coronavirus dificulte la recolección de las cosechas, el Gobierno italiano ultima la concesión de un permiso de residencia extraordinario por tres meses de duración para inmigrantes que se encuentren en el país en situación irregular. La medida, que ha provocado un choque entre los partidos que conforman la coalición gubernamental, podría afectar hasta a 300.000 personas, que emergerían así a la legalidad y no serían tan vulnerables ante la explotación laboral. Los braceros sin papeles empleados en el campo en Italia reciben unos 3 euros la hora en jornadas de hasta 11 horas diarias.

La iniciativa de legalizar a los inmigrantes sin papeles empleados en el sector primario partió de Teresa Bellanova, ministra de Agricultura y miembro de Italia Viva, el partido del ex primer ministro, Matteo Renzi, y la más pequeña de las fuerzas políticas que forman la coalición de Gobierno. Bellanova, que trabajó como jornalera en el campo, pretendía en principio una legalización de los inmigrantes por seis meses, pero habría tenido que contentarse con un período de la mitad de tiempo.

Esta regularización garantizaría que la agricultura cuente con suficiente mano de obra para cubrir el hueco que dejarán los trabajadores de la Unión Europea empleados habitualmente en el campo y que, debido a la pandemia, dejarán de viajar a Italia. Se calcula que cada año unos 100.000 rumanos viajan al país transalpino para trabajar como temporeros recogiendo las cosechas.

En principio la regularización propuesta por el Gobierno pasará por los empleadores, que deberán pagar al Estado las debidas contribuciones, lo que arroja ciertas dudas sobre cuántos empresarios estarán dispuesto a asumir esa carga. La medida se aplicará también a los extranjeros que trabajan como asistentes de hogar y en el cuidado a niños, ancianos y personas dependientes.

El Movimiento 5 Estrellas (M5E), socio principal de la coalición de Gobierno junto al Partido Democrático y a Italia Viva, se mostraba en principio contrario a la regularización de los inmigrantes irregulares. Vito Crimi, líder interino del M5E, explicó en la Rai que el objetivo de fondo debía ser «apoyar la agricultura» y garantizar su acceso a trabajadores con papeles. Bellanova amenazó con dimitir si no salía adelante su propuesta, lo que obligó a intervenir al primer ministro, Giuseppe Conte, que agradeció la contribución de Italia Viva dentro la coalición gubernamental.

El líder de la Liga, Matteo Salvini, principal figura de la oposición y que siempre ha mantenido una posición muy dura frente a la inmigración, amenazó con manifestaciones en las calles contra la regularización. «Nosotros seguimos las reglas. Si se legaliza a cientos de miles de inmigrantes abusivos protestaremos en nombre de los italianos, tanto dentro como fuera del Parlamento», dijo Salvini. Giorgia Meloni, de la formación ultraderechista Hermanos de Italia, consideró que se trata de una «pésima señal» que «premia» a quien entró en Italia violando las leyes.

Las misas se retoman el 18 de mayo

El 18 de mayo podrán volver a celebrarse misas en Italia con presencia de fieles, prohibidas hasta ahora debido al coronavirus. El Gobierno firmó este jueves con la Conferencia Episcopal Italiana (CEI) un protocolo que permitirá la reanudación de los oficios religiosos con feligreses.

Esta cuestión provocó una agria polémica entre el Ejecutivo y la CEI después de que el primer ministro, Giuseppe Conte, no anunciara una fecha para la recuperación de las ceremonias religiosas cuando, el pasado 26 de abril, presentó el calendario de desconfinamiento. La CEI respondió con un furibundo comunicado en el que lamentaba que se comprometiera «el ejercicio de la libertad de culto», aunque la tensión se rebajó después de que el Papa Francisco interviniera pidiendo «prudencia y obediencia a las disposiciones». Conte cuenta con el importante apoyo en el Vaticano del secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin, con el que mantiene una fluida relación.

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