Macron supera las mociones de censura a su Gobierno pero el rechazo popular continúa

La controvertida reforma -que fija la edad de jubilación en los 64 años, frente a los 62 actuales- quedó aprobada definitivamente por el Parlamento tras esta doble consulta, pero la oposición tiene todavía recursos para frenar su promulgación. La moción transpartisana liderada por el grupo parlamentario Libertades, Independientes, Ultramar y Territorios (LIOT) fue rechazada. Sólo consiguió 278 apoyos, 9 votos menos de los 287 necesarios para ser adoptada por mayoría absoluta.

Por otro lado, sólo 94 diputados votaron a favor de la moción de censura presentada por el partido de Le Pen, por lo que resultó igualmente desestimada. Según establece la Constitución francesa, únicamente se consideran los votos favorables. No se puede votar en contra.

Todas las miradas estaban puestas en Los Republicanos, que tenían en sus manos el futuro de la reforma y del gabinete de Borne. Olivier Marleix, presidente del grupo en la Asamblea Nacional, anunció en el hemiciclo que no votarían las dos mociones de censuras presentadas. «No seremos los testigos de una boda bárbara entre aquellos que asumen querer sembrar el caos y aquellos que, silenciosos, no tienen ninguna propuesta para salvar las pensiones», dijo.

A pesar de esta consigna, había libertad de voto. Diputados conservadores, entre ellos Aurélien Pradié, ex número dos de Los Republicanos, apoyaron la moción transpartisana. Se esperaba que hubiera entre 10 y 15 parlamentarios rebeldes, pero finalmente 19 dieron el paso.

La oposición había presentado dos mociones de censura después de que la primera ministra, Élisabeth Borne, recurriera al artículo 49.3 de la Constitución gala para aprobar por decreto la controvertida reforma de las pensiones sin someter el texto a la Asamblea. La primera ministra defendió este lunes este artículo porque «no es el invento de un dictador, sino la elección profundamente democrática del general De Gaulle, aprobada por el pueblo francés», en referencia al surgimiento de la norma.

En cualquier caso, Macron y el Ejecutivo quedan debilitados. «Hay lo que dice el resultado del escrutinio matemáticamente y lo que dice políticamente. Creo que el presidente de la República debería escuchar lo que dice este escrutinio políticamente», aconsejó Marine Le Pen, que exigió un cambio de Ejecutivo ante lo exiguo del triunfo gubernamental.

Por su parte, Pradié calificó de «electrochoque» el resultado ajustado de la votación. «El presidente de la República y la primera ministra no pueden ignorarlo», dijo el díscolo diputado conservador. «Es evidente que hoy el Gobierno tiene un problema de legitimidad y que el presidente no puede permanecer como espectador de esta situación», añadió quien considera que el primer acto de valentía debería ser retirar «esta reforma envenenada»

Borne, en el cargo desde mayo de 2022, no está dispuesta a tirar la toalla. «Estoy determinada a continuar realizando las transformaciones necesarias a nuestro país con mis ministros y a consagrar toda mi energía a responder a las expectativas de nuestros conciudadanos», dijo la primera ministra, a la que Macron recibirá este martes en el Palacio del Elíseo, junto a los líderes de Renacimiento, su formación, y sus aliados.

Los partidos de izquierdas exigieron una vez más la retirada de la reforma e instaron a los franceses a continuar las protestas. Los sindicatos han convocado manifestaciones el jueves en todo el país. El rechazo de las mociones de censura no cambia nada. «El objetivo sigue siendo el mismo: la lucha hasta lograr la retirada de la reforma», dijo la Confederación General del Trabajo (CGT) en un comunicado.

Tras el fracaso de las impugnaciones, la ley sobre pensiones no será automáticamente promulgada. Los opositores tienen otras opciones para tratar de evitar que el texto entre en vigor. La primera de ellas es presentar un recurso ante el Consejo Constitucional, que tiene el poder de censurar el documento en parte o en su conjunto si considera que es anticonstitucional. Para ello, el recurso debe llevar la firma de al menos 60 parlamentarios. La promulgación de la ley quedaría en suspenso hasta que este órgano se pronuncie.

La segunda opción es presentar un referéndum de iniciativa compartida (RIP). Ese mecanismo, introducido en la Constitución en 2008, prevé la posibilidad de organizar una consulta popular sobre una proposición de ley si la iniciativa es apoyada por al menos una quinta parte de los miembros del Parlamento (un mínimo de 185 de los 925 escaños) y posteriormente secundada por un 10% de los electores, es decir, por al menos 4,87 millones de personas. El plazo para recoger todas las firmas sería de nueve meses.