Vox registra una propuesta para derogar la Ley de memoria histórica
La formación presenta un texto alternativo con el que pretende suprimir órganos y destinar todos los fondos a la exhumación de fosas
Más presión para el PP en medio de la polémica por el decreto-ley de medidas fiscales de vivienda y a una semana de que ... los Presupuestos de 2025 se sometan a su primer escollo. Vox ha registrado este jueves en la Asamblea de Extremadura la propuesta de Ley de Concordia, con la que pretende derogar la Ley de memoria histórica y democrática de Extremadura, del año 2019.
La aprobación de esta ley estaba incluida en el acuerdo de investidura con el PP, que desde el primer momento se mostró a favor de elaborar un nuevo texto legal. Sin embargo, tras la ruptura del gobierno de coalición los populares han señalado que ya no es una prioridad.
Según indica Vox, esta iniciativa representa «un compromiso firme con la reconciliación, la libertad ideológica y la unidad de los extremeños», frente a una legislación que considera instrumentalizada para «imponer un relato sesgado del pasado».
El diputado de Vox Álvaro Sánchez-Ocaña, historiador y docente de profesión, afirmó que la ley extremeña no ha servido para fomentar la convivencia, sino para dividir a los extremeños, «limitando derechos fundamentales como la libertad de pensamiento y de cátedra».
«La Ley de Concordia no reabre heridas, sino que busca cerrarlas», apuntó Sánchez-Ocaña. «Con esta iniciativa garantizamos que cada ciudadano pueda mantener y expresar libremente su memoria personal y familiar, sin la injerencia de las instituciones en su conciencia».
Vox destaca que el texto recoge medidas que reconocen los derechos de todas las víctimas del conflicto civil y garantiza que las actuaciones relacionadas con las exhumaciones o la investigación documental se realicen con el máximo respeto «y sin instrumentalización política».
Junto a esto, pretende eliminar «cualquier intromisión de los poderes públicos en la fijación de un relato único, devolviendo a historiadores y expertos la responsabilidad de analizar los hechos históricos con el máximo rigor y veracidad».
Asimismo, apuntó que se busca que todo el dinero destinado a memoria histórica vaya para las exhumaciones, «no a asociaciones y charlas». De hecho, la propuesta de ley recoge la disolución de «comisiones, organismos e instituciones de carácter público autonómico» creadas bajo el amparo de la ley de 2019.
Sánchez-Ocaña afirmó que el PP conoce esta propuesta de ley desde el pasado mes de mayo, antes de que se rompiera el gobierno de coalición. También desligó su presentación del debate de los Presupuestos de 2025. «Son cosas del calendario», dijo.
Críticas del PSOE
Las primeras reacciones tras la presentación de la propuesta de ley han llegado del PSOE, que se pregunta si se trata «del primer peaje» que debe pagar la presidenta de la Junta, la popular María Guardiola, para conseguir la aprobación de los Presupuestos regionales de 2025.
Los socialistas consideran intolerable que el PP esté dispuesto a negociar las cuentas «utilizando la memoria, justicia y dignidad que en nuestra región y en nuestro país se está dando a las víctimas represaliadas de la Guerra Civil y la posterior dictadura franquista».
El PSOE lamenta que la propuesta de Vox no contiene «justicia ni reparación para las víctimas, tampoco condena del golpe de Estado de 1936 ni la dictadura posterior».
Asimismo, afirma que «pretende despojar de ayudas a los colectivos que tanto y tan bien han hecho por la memoria histórica y democrática en nuestra tierra».
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