Visto para sentencia el juicio por matar a tiros un lince en Don Benito

Tras la primera sesión celebrada el pasado viernes, este jueves tuvo lugar la segunda y última con las declaraciones de dos peritos, dos agentes de Guardia Civil y tres testigos de la defensa. La acusación, formada por Ecologistas en Acción, la Federación Extremeña de Caza y la Junta de Extremadura, mantiene la petición de tres años de cárcel para el acusado. Asimismo, se solicita una indemnización de 114.158 euros para la Junta de Extremadura; el valor que se ha dado al lince abatido.

«El juicio había acabado la semana pasada porque las pruebas desplegadas en esta segunda sesión eran básicamente testigos que entendemos que venían aleccionados», exponía a la salida del juicio Ángel García calle, coordinador y abogado de Ecologistas en Acción. «La prueba contundente ha sido la ratificación del atestado que en su momento hizo la Guardia Civil y las distintas periciales que se practicaron la semana pasada», añadía.

Para García Calle ha quedado probado que el abatimiento del lince «fue intencionado» siendo para él clave, entre otros, «la cantidad de perdigones y su cercanía en el cuerpo, lo que demuestra que fue un tiro a bocajarro, un tiro perfecto y que iba con la intencionalidad de matar al lince porque pretendía comer a la perdiz que estaba como reclamo o porque estaba perjudicando la caza de la zona». Cabe recordar que, según la autopsia, el animal abatido tenía alojados en su cuerpo un total de 80 perdigones de calibre 8.

Ecologistas en Acción solicita en este caso la pena máxima, tres años de prisión. «Tampoco es algo descabellado e incluso creemos que en estos casos el Código Penal tendría que ser reformado porque es una especie en peligro de extinción, y tan amenazada que tendría que ser incluso castigado con más severidad», dice García Calle, que espera que la sentencia se conozca la próxima semana «porque las pruebas han sido muy contundentes».

En cuanto a la indemnización económica, la Junta utilizó como base para la valoración del ejemplar muerto un documento de la Junta de Andalucía de 2012 que establece el baremo de valoración de las distintas especies, dando al lince ibérico un valor de 60.000 euros. Si bien, considerando la inflación interanual entre 2012 y 2019, estiman que se debería incrementar esa cuantía inicial en algo más de 4.000 euros. Asimismo, considera que se debe incluir el perjuicio para la especie y para el programa de reintroducción del lince ibérico, adicionando así una cantidad de 50.000 euros para un total cercano a los 115.000 euros.

También Fedexcaza mantiene la petición de la pena máxima basándose en dos agravantes específicas del Código Penal: se trata de una animal protegido y fue abatido en una Zona de Especial Conservación. «Es una conducta que criminaliza al resto de cazadores que cumplen con la ley y protegen la biodiversidad», expresó José Antonio Casas, abogado del colectivo cinegético. «La defensa lo que plantea es que es un hecho totalmente accidental, ya ni siquiera imprudente, y, una vez que se han desarrollado y practicado las pruebas, las acusaciones mantenemos que es un hecho totalmente intencional, que había dolo y que había intención de matar al animal», concluye Casas.