De Vadillo a Aguilera

En ese 'top ten' de arrecogidos (una clasificación más reñida que la de los 40 Principales) están los dos asesores que Vox ha colocado en el Ayuntamiento de Badajoz, José Antonio Morales y Antonio Pozo Pitel. Ambos estuvieron en un tris de conseguir el acta de diputado en la Asamblea de Extremadura; de hecho, la tuvieron en la mano hasta bien avanzado el recuento del 26M y la perdieron poco antes de la medianoche, cuando su porcentaje de votos bajó del 5%, el listón legal para entrar en el reparto de escaños.

Sin empleo de diputados, el cargo de asesor y secretario del concejal de Vox no es un mal puesto. Todos los extremeños en paro y la mayoría de los que tienen un trabajo precario darían una mano por un empleo similar. Pero hay más derrotados en la urnas y colocados a última hora: el exalcalde popular de Almendralejo, José García Lobato, imputado en el caso Púnica, perdió la Alcaldía y ha ganado un puesto de diputado provincial. También el veterano socialista Ramón Ropero se quedó sin la Alcaldía de Villafranca, (aunque ganó las elecciones en minoría) pero la Diputación ha creado para él una tercera vicepresidencia. Un cargo que los socialistas que ansían una renovación real y no solo de boquilla ven innecesario. La única explicación que se da es que Ropero, que mandó mucho en el PSOE extremeño, sigue mandando. Y que solo se jubilará el día que él quiera.

Pero hay otro caso más llamativo en el panorama poselectoral: ¿recuerdan al exalcalde de Alburquerque, Ángel Vadillo? No se pudo presentar a las elecciones del 26M en las listas del PSOE porque fue condenado por amenazar a una mujer en la radio pública y está inhabilitado para desempeñar un cargo. Incluso la Junta Electoral tuvo que determinar que no podía ser candidato. Hace unos días HOY publicaba una noticia en la que se daba cuenta de que Vadillo ha sido nombrado asesor y portavoz del equipo municipal, y en Alburquerque hay pocas dudas de que va a ejercer de facto de alcalde. Cobrará el sueldo que le correspondía a la alcaldesa, quien, oportunamente, ha sido también nombrada diputada provincial.

Una operación que recuerda a la de Jesús Gil en Marbella, resucitado ahora por una serie televisiva. Gil, que también ganaba con mayorías absolutísimas, como Vadillo, ocupó la Alcaldía durante años, fue inhabilitado por la justicia y colocó de testaferro al tristemente famoso Julián Muñoz; aunque durante años siguió siendo Gil el que hacía y deshacía en Marbella. Alburquerque no es ni de lejos Marbella, ni Vadillo es Gil. Y hasta es probable que una mayoría de los vecinos del pueblo vean con buenos ojos que el exalcalde continúe siendo, de hecho y por la puerta de atrás, el alcalde. Nadie tiene más experiencia. Pero la burla a la ley es evidente.

No es ilegal, como no lo es probablemente ninguno de los nombramientos que se han hecho para colocar a los descolocados por las urnas. Pero es una prueba más de que las proclamas de limpieza y renovación que hacen los partidos son retórica.

Esta semana, otro político destacado, el alcalde de Malpartida de Cáceres, ha sido condenado por maltrato. El PP ha respondido a la condena tratando de minimizar los daños: se le da de baja del partido. El PP, por tanto, ya no tiene nada que ver con él. Pero su condición de alcalde y diputado, que las mantiene aunque sea como no adscrito, pende del hilo de un recurso judicial y una nueva sentencia, dado que la actual no es firme: si la Audiencia revoca la condena, podrá continuar como político; si la ratifica, sería insostenible en el cargo.