El TSJEx da la razón a una técnico infantil y abre la puerta a más de 200 reclamaciones a la Junta

El Ejecutivo autonómico decidió prescindir de estos técnicos porque el tiempo de contrato estaba fijado en tres años. Sin embargo, la sentencia del TSJEx señala que deberían haber seguido en su puesto hasta el final del programa, previsto para el próximo mes de diciembre.

En noviembre del pasado año se dio a conocer el despido de estos 227 trabajadores debido a la finalización del programa Aulas 1-2, que promueve la escolarización de niños de 1 y 2 años con financiación del Plan de Recuperación. El cese estaba previsto para el 1 de enero de este año. Tras las protestas de los afectados, así como de sindicatos y partidos políticos, finalmente el Gobierno regional acordó despedir a 40 en febrero y mantener al resto hasta final de curso, en julio.

En julio el Ejecutivo extremeño acordó la creación de 233 puestos de técnico de educación infantil como personal laboral de la Consejería de Educación. Con ello se garantizaba la continuidad de las aulas 1-2 a partir de septiembre, con el nuevo curso, con cargo a fondos autonómicos, tal como establecían las condiciones del programa. Pero con otros trabajadores.

Los técnicos despedidos reclamaron que se les considerase indefinidos y anunciaron que acudirían a los tribunales. El TSJEx ha dado la razón a una de las afectadas y considera el despido improcedente. Esta decisión sólo afecta a un caso concreto, pero abre la puerta para que el resto también tenga resoluciones a su favor.

El fallo señala que esta técnico infantil se incorporó a la Junta el 15 de febrero de 2022 para trabajar en el centro Santa Engracia de Badajoz. El contrato con la Consejería de Hacienda estaba vinculado al programa de escolarización temprana Aulas 1-2 y su duración estaba condicionada a la duración del proyecto, con un límite máximo de tres años. Para ello, la Junta se acogió a una norma que fue aprobada en 2021 para facilitar la incorporación de trabajadores para la ejecución de proyectos financiados con los fondos de recuperación.

El 30 de enero de este año la Junta comunicó a la trabajadora la extinción del contrato con efectos desde el 14 de febrero por haber transcurrido el plazo máximo de tres años. La trabajadora presentó demanda contra la Administración regional, pero fue desestimada en mayo por el Juzgado de lo Social número 2 de Badajoz. Tras esto, recurrió ante el TSJEx, que ahora le ha dado la razón.

La sentencia señala que la duración del contrato estaba vinculada a la ejecución del plan, que en el año 2023 se prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2025. Sin embargo, la Junta acordó no superar los tres años de contrato y cerrar el proyecto el 31 de julio de este año.

De ese modo, a medida que el personal ha ido cumpliendo los tres años de trabajo, o a la conclusión del proyecto, la Junta ha ido acordando la extinción de la relación laboral para 67 técnicos que se incorporaron en el curso 2021-2022, 90 en 2022-2023 y 70 en 2023-2024.

El TSJEx rechaza la condición de indefinidos para estos trabajadores. Pero considera que estos contratos no podían tener un plazo máximo de duración, fijado en tres años, sino que estaban ligados a la ejecución del proyecto, que seguía en vigor cuando se acordaron los despidos. «La comunicación de extinción de la relación laboral efectuada por la Administración autonómica cuando no había concluido el mentado programa o plan no tenía amparo legal, razón por la que hemos de calificar dicha decisión como despido improcedente», afirma la sentencia.

El fallo condena a la Junta a readmitir a la demandante o indemnizarle con 5.800 euros. La sentencia se puede recurrir ante el Tribunal Supremo.

José Moreno, abogado de la trabajadora, señala que la Junta ya ha anunciado su intención de interponer recurso de casación, aunque aún no lo ha formalizado expresamente. Asimismo, apunta que el Gobierno regional ha comunicado que en todo caso optará por la indemnización.

Moreno tramita otras dos demandas por el mismo caso, una por un despido que se produjo en febrero de este año y otra por un cese que tuvo lugar en julio. En ambos casos se trata de trabajadores derivados por el sindicato SGTEx, pero hay otras entidades con procedimientos similares, a los que además se pueden sumar acciones particulares. En caso de que todos los afectados acudieran a los tribunales, y que las resoluciones también sean a su favor, las indemnizaciones pasarían de 1 millón de euros.

Por su parte, la Consejería de Hacienda de la Junta señala que la Sentencia ha sido recurrida en casación ante el Tribunal Supremo, por lo que aún no se ha procedido a su ejecución. «En caso de que el pronunciamiento jurisprudencial mantenga la improcedencia del despido, se optará por el abono de la correspondiente indemnización», añade.

Asimismo, apunta que la creación de 233 plazas en la Consejería de Educación para el mantenimiento de estas aulas no se verá afectada por este fallo judicial, sino que se cubrirán conforme a las normas de acceso al empleo público.

Junto a esto, apunta que al Gobierno regional no le consta que existan otros procedimientos judiciales similares planteados ante el TSJEx.