El TSJEx condena a la Junta a pagar 740.000 euros a la UTE del regadío de Monterrubio 

El proyecto se basa en transformar en regadío 1.200 hectáreas de terreno a partir de la instalación de unos 120 kilómetros de tuberías, entre otras infraestructuras. La  Comunidad de Regantes 'Valle del Zújar', que engloba a 300 agricultores, indica que actualmente los trabajos están ejecutados al 70 por ciento y estima que las tierras se podrá empezar a  poner en producción el próximo año. La mayor parte estarán dedicadas al olivar, y el resto a viñedo y almendros.

  

En 2020, la Administración regional  firmó el contrato para transformar la zona agraria de La Serena a la  UTE Regadío Monterrubio, formada por las empresas Ortiz Construcciones y Proyectos y Majoin. Se adjudicó por valor de 13.497.945 euros -financiados mayoritariamente con fondos europeos-, pero, dos años y medio después, la empresa desistió de continuar por la subida de precios, iniciándose  el procedimiento de liquidación. Una vez rescindido el contrato, y tras varios meses de trámites, la terminación de los trabajos para llevar agua a 717 parcelas fue adjudicada a Tragsa. 

El desencuentro contractual entre la empresa y la Administración surgió a raíz de la revisión de precios solicitada por la UTE. El Jefe de Servicio de Regadíos estimó dicha revisión extraordinaria de precios, concediendo a la empresa una compensación económica de 341.387,61 euros (IVA no incluido), cantidad calculada por la Dirección de Obras, que incrementado con el 21% de IVA resulta un total de 413.079 euros. Sin embargo, Majoin-Ortiz no estaba de acuerdo con ese montante, e inició la reclamación administrativa con un recurso contra la desestimación de su reclamación, en las que solicitaba un pago mayor para compensar económicamente la «alteración extraordinaria e imprevisible de los precios de los materiales».

Tras no ver satisfechas sus pretensiones, la UTE planteó un recurso contencioso-administrativo contra la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, del anterior gobierno de Guillermo Fernández Vara. Un litigio que se resolvió el pasado 29 de mayo con una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. 

La resolución judicial  estima el recurso judicial contra la desestimación presunta de dos solicitudes presentadas en 2022 ante la Junta, en las que solicita el pago de la compensación económica por la alteración extraordinaria e imprevisible de los precios de los materiales establecida en una disposición adicional de los Presupuestos de Extremadura de ese año. 

El tribunal anula dicha desestimación presunta de las solicitudes, en las que solicitaba el pago de la compensación económica por la alteración extraordinaria e imprevisible de los precios, por no ser ajustada a Derecho. Condena a la Junta a abonar 741.681 euros a la UTE Majoin-Ortiz, cantidad a la que deben sumarse los intereses legales. 

El perito judicial determinó durante el proceso judicial una cantidad mayor a la indemnización solicitada en la demanda, en concreto, por importe de 769.376,18 euros. Sin embargo, los magistrados han estimado que se debe satisfacer el importe fijado en la pretensión.

Ninguna de las partes recurrió la  resolución judicial en el plazo legal, por lo que el pasado 23 de julio el Tribunal Superior de Justicia dictó la firmeza de la sentencia que ahora ejecutará la Consejería de Gestión Forestal y Medio Rural, tal como aprobó en una resolución del pasado 12 de agosto.