Trece millones de euros están retenidos en los juzgados extremeños por la huelga de letrados

Tal vez exageren un poco, pero la huelga que iniciaron los letrados el pasado 24 de enero ha demostrado que los órganos judiciales de toda España, también los extremeños, pueden verse paralizados si los letrados judiciales deciden ausentarse de su puesto para reivindicar una mayor sueldo.

De la importancia que tiene esta figura habla el temario que da acceso a sus plazas: mientras las oposiciones de juez exigen dominar 320 temas, las de LAJ precisan el conocimiento de 290. «Y si tenemos 30 temas menos es porque en algunos de los nuestros se incluyen dos temas de las oposiciones de juez. Realmente estudiamos lo mismo». Para el resto de funcionarios que trabajan en los juzgados la exigencia es menor: gestión procesal (68 temas), tramitación procesal (31 temas) y auxilio judicial (26 temas).

Quien ofrece estos datos es Luis Carlos Rodríguez, portavoz de la Unión Progresista de Letrados de Administración de Justicia. Él trabaja en el Juzgado de Primera Instancia número 7 de Badajoz y en estos días se ha convertido en el representante de quienes secundan el paro. «Desde 2009 somos responsables de todos los procedimientos de un juzgado: recogemos la demanda, comprobamos que cumple todos los requisitos, preparamos el juicio... y sólo cuando todo está a punto el juez conoce el procedimiento. Después del juicio somos nosotros los encargados de publicar la sentencia, de notificarla y de asegurar que se ejecuta».

Aclara este letrado que en los juzgados penales las funciones de los jueces son más amplias, pero asegura que en el resto de las jurisdicciones el letrado de la Administración de Justicia es tan importante como el juez.

Como prueba de la responsabilidad que asumen los LAJ habla de lo sucedido con Mari Luz, la niña que fue asesinada en 2008 por un delincuente sexual que por una sucesión de errores judiciales no ingresó en prisión a pesar de haber sido condenado seis años antes. «Por ese fallo el juez tuvo que pagar una multa de 3.000 euros, pero la letrada judicial de ese juzgado fue suspendida de empleo y sueldo durante seis meses. Ahí se ve realmente que nuestra responsabilidad es mayor que la del juez».

Pero Luis Carlos Rodríguez no sólo habla de las consecuencias que tiene equivocarse en un asunto penal. Recuerda que en una ciudad como Badajoz los letrados de justicia han tenido la responsabilidad de subastar y adjudicar un hospital privado por cerca de 6 millones de euros. «Nosotros somos quienes designamos los bienes que se embargan, decretamos el embargo, tasamos los bienes, ordenamos la subasta, adjudicamos el bien y pagamos al acreedor. Es mucha la responsabilidad que tenemos».

Con argumentos como este justifica el aumento de sueldo que exigen al Ministerio de Justicia, del que pretenden conseguir una subida que aproxime su salario al de los jueces.

Esos incrementos afectarían a los cinco tipos de juzgados que existen en España, aunque en el caso de Extremadura no hay juzgados de primera ni de segunda categoría por no contar con grandes capitales. Aquí son de tercera (Badajoz y Cáceres), de cuarta (Mérida y Plasencia) o de quinta (Olivenza, Jerez de los Caballeros, Fregenal de la Sierra, Montijo, Almendralejo, Villafranca de los Barros, Zafra, Llerena, Don Benito, Villanueva de la Serena, Castuera, Herrera del Duque, Valencia de Alcántara, Trujillo, Logrosán, Coria y Navalmoral de la Mata).

«En los juzgados de tercera el sueldo de un LAJ es de unos 2.800 euros pero nosotros demandamos que suba a 3.500; en los de cuarta categoría el salario está entre los 2.500 y los 2.600 pero nosotros pedimos 3.500 euros; y en los de quinta queremos que de los 1.900 que se cobran ahora se pase a 2.600».

De la fuerza que tiene la huelga de letrados hablan las cifras que maneja la Unión Progresista de Letrados de Administración de Justicia. «En Badajoz somos 59 letrados y este jueves había 20 en huelga sin contar otros 21 que estaban realizando servicios mínimos a pesar de que también están en huelga. Eso significa que 41 letrados de 59 secundan la protesta, porque esos 21 letrados en huelga que hacen servicios mínimos sólo realizan aquellas funciones consideradas fundamentales».

En Cáceres el número total de letrados asciende a 38 pero hay 15 en huelga. A ellos se unen otros 11 que también están en huelga pero realizan servicios mínimos, por lo que el paro es secundado por 26 de 38.

Las consecuencias de esa decisión son múltiples: hay propietarios de viviendas que no pueden expulsar a los inquilinos que llevan meses sin pagar porque el lanzamiento judicial (desahucio) ha sido paralizado; particulares que han decidido comprar un piso en una subasta pero no pueden adquirirlo porque hace falta la participación del LAJ; personas separadas pendientes de recibir la pensión con la que alimentar a sus hijos; o trabajadores despedidos que no cobrarán lo que les adeuda la empresa hasta que la huelga termine.

«Todos los días sentimos cargo de conciencia por este tipo de situaciones, pero una huelga sólo da resultado si hace daño –reconoce Luis Carlos Rodríguez–. Nos fastidia que haya personas concretas perjudicadas y nos sentimos fatal, pero lo realmente increíble es que el Ministerio de Justicia nos haya echado un órdago confiando en que nos cansemos de pelear lo que nos corresponde».