Suspendido por criticar la amnistía el comandante de puesto de la Guardia Civil en Alconchel
Interior lo responsabiliza de un comunicado que recuerda la obligación de «derramar hasta la última gota de sangre» por la soberanía de España y el orden constitucional
El Ministerio del Interior ha suspendido por tres meses a Manuel Velarde, el sargento 1º que dirige el Puesto de la Guardia Civil en Alconchel, ... una decisión que ha sido adoptada tras abrirse un expediente en el que se concluye que no guardó la debida «neutralidad» política cuando en su función de vicepresidente de la Asociación Profesional de la Guardia Civil (Aprogc) permitió la publicación de un comunicado en el que, sin hacerlo explícito, se criticaba la ley de amnistía y se dejaba patente que los guardias civiles, en su condición de militares, están obligados «a derramar hasta la última gota de nuestra sangre en defensa de la soberanía e independencia de España y de su ordenamiento constitucional».
Esta misma medida disciplinaria ha sido adoptada con idéntica motivación contra el presidente de Aprogc, y también contra el portavoz de la asociación de guardias civiles Jucil, Agustín Leal, quien en una entrevista publicada por el diario El Mundo acusó de «felonía» a Pedro Sánchez por promover la amnistía.
La medida impulsada por el Ministerio del Interior se ha traducido en un expediente en el que se considera que estos tres representantes de los guardias han cometido una «falta muy grave» para la que se impone la suspensión de empleo y sueldo durante tres meses.
El expediente abierto al comandante de puesto de Alconchel es fruto de la investigación que ordenó abrir el director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, con el fin de identificar a los responsables de la asociación que había hecho público un comunicado en el que se afirma que aunque el Instituto Armado ha sido siempre «un cuerpo obediente y un ejemplo policial aislado de no deliberancia» que no tiene entre sus funciones «la evaluación de lo que hacen o deshacen los gobiernos bajo cuyas directrices cumplimos nuestras funciones», si está compuesto por profesionales que deben «seguir cumpliendo y haciendo cumplir la Ley» por ser «un mandato constitucional, moral y con el ciudadano».
Es en este contexto en el que Aprogc recuerda que el artículo 104 de la Constitución «encomienda a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad la misión de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades públicas y garantizar la seguridad ciudadana», añadiendo que «la forma de hacerlo está condicionada por nuestro juramento ante la Bandera como militares que somos: estando dispuestos a derramar hasta la última gota de nuestra sangre en defensa de la soberanía e independencia de España y de su ordenamiento constitucional».
«Nuestro estatuto deja nítido este mandato, que sabemos no está exento de crítica por algunos. En este sentido, tras las purgas políticas de al menos seis coroneles y dos tenientes coroneles, con manifiesto desprecio de la legalidad y la tradición, los guardias civiles no podemos decir que la prosperidad de la arbitrariedad como forma de gobierno sea una sorpresa. Así, se impuso el silencio hace tres años, como en otras instituciones antes o después ha ido sucediendo, infundiendo miedo a hablar en la Guardia Civil».
«Los guardias civiles observamos el pacto publicitado con profunda preocupación. Consideramos que pretende vaciar de contenido la misión constitucional que tenemos encomendada las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, especialmente la policía judicial. ¿De qué ha valido tanto sacrificio durante décadas en cumplimiento de nuestra misión constitucional si al final nuestros jefes políticos traicionan toda la sangre derramada y todo el esfuerzo realizado por los guardias civiles, por los policías y por los jueces y fiscales en los últimos 40 años?».
«La historia evidenció hace 46 años que la amnistía a condenados por terrorismo no hizo más que reafirmar su vocación y aumentó el número de atentados. Los antecedentes en ciencia policial no animan precisamente a descartar una nueva crisis de convivencia y quiebra del Código Penal en todas sus posibilidades en Cataluña», concluye el comunicado por el que ha sido suspendido el comandante de puesto de Alconchel.
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