Solo dos ayuntamientos del PSOE rechazan los fondos del plan de respiro familiar

Según la Consejería de Salud y Servicios Sociales, hasta la fecha son las dos únicas localidades que han comunicado de manera oficial que no quieren los fondos. En el caso de Mérida, el ayuntamiento renuncia a 99.381,55 euros y en el de Malpartida de Plasencia, a 5.669,13 euros. Son las cuantías que les había asignado la Junta para que llevaran a cabo actuaciones encaminadas a favorecer la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de quienes se dedican con carácter habitual al cuidado no profesional de personas en situación de dependencia y con un grado de discapacidad igual o superior al 33%, o personas con un grado de discapacidad oficialmente reconocido igual o superior al 75%. El objetivo de este plan es ofrecer a los cuidadores no profesionales la posibilidad de disponer de unas horas, días o semanas para su descanso personal o bien para cubrir necesidades puntuales.

Tanto en el caso de Mérida y Malpartida de Plasencia, como en el del resto de municipios encuadrados en el plan, las cantidades determinadas por el Gobierno regional han tenido en cuenta el número de personas que en cada localidad tienen una discapacidad en un porcentaje igual o superior al 33% y, grado de dependencia reconocido.

El objetivo del Gobierno regional es continuar con el plan de respiro familiar e incrementar el millón de euros destinado este año a una iniciativa, cabe recordar, que no ha llegado por el momento a todos los rincones de la región. Este primer plan va destinado a 13 municipios con más de 10.000 habitantes y a 35 localidades con una población que oscila entre más de 4.000 y 10.000 habitantes. Alcanza así, como defiende la Junta, una amplia cobertura porque en las localidades decididas reside el 70% de la población extremeña: 727.181 habitantes. Pero hay más de 300.000 extremeños que se quedan fuera del primer plan regional de respiro familiar. Aquellos que residen en las localidades de menos de 4.000 habitantes o, lo que es lo mismo, en la inmensa mayoría de poblaciones de una comunidad autónoma eminentemente rural si se tiene en cuenta que el servicio llegará solo a 48 municipios –ya a 46– de los 388 que hay en la región.

Este es uno de los motivos esgrimidos por el PSOE para oponerse a un plan que, sin embargo, la inmensa mayoría de los ayuntamientos en los que gobierna sí aceptan. A pesar de las quejas lanzadas por muchos de ellos, al entender que se trata de otro programa de colaboración municipal que supone un esfuerzo económico para las administraciones locales.

Este es, de hecho, otro de los argumentos dados por Mérida y Malpartida para rechazar los fondos. «La ayuda obvia totalmente los derechos de las personas con discapacidad y las cuantías asignadas son totalmente insuficientes», argumentó la concejala de Accesibilidad Universal e Inclusión de Mérida, Susana Fajardo.

En el mismo sentido se pronunció el alcalde de Malpartida de Plasencia, Raúl Barrado. «Claramente con los fondos que nos han dado el plan es inviable y, por eso, vamos a devolver el dinero».

También lo creen así, no obstante, otros alcaldes socialistas aunque no hayan rechazado los fondos. «El plan suscita muchas dudas en cuanto a su aplicación, porque con personal propio es inviable, inasumible, y sacarlo a licitación para adjudicarlo a una empresa conllevará un notable retraso», valoró José María Ramírez. No obstante, el regidor de Almendralejo ha optado por «intentar no perder los fondos asignados y ofrecer el servicio, aunque lo cierto es que será difícil, especialmente a estas alturas del año», declaró, en línea con el resto de ayuntamientos socialistas en poblaciones de más de 4.000 habitantes.