El SES ya exige a los jefes de servicio no trabajar en la privada

Pero Extremadura ya cumple con ella. El SES recogió la dedicación exclusiva a la sanidad pública por parte de jefes de servicios y secciones en el decreto 152/2006, de 31 de julio, por el que se regula la provisión de estos puestos de trabajo de carácter asistencial de Atención Especializada. En su artículo 6 indica que «el desempeño de un puesto de trabajo de jefe de servicio o sección se realizará en régimen de dedicación exclusiva, no pudiéndose renunciar al complemento específico que el puesto tenga asignado».

Este decreto fue publicado en el Diario Oficial de Extremadura de ese año, con Guillermo Fernández Vara como consejero de Sanidad, y desde entonces las diferentes convocatorias que se han venido realizando para la cobertura de estos puestos de responsabilidad incluyen el requisito.

El SES permite a los sanitarios compaginar su trabajo con otro puesto en el sistema público y también en el sector privado. Pero en este caso, el que ahora quiere regular la ministra de Sanidad, los profesionales deben renunciar al cobro del complemento específico, destinado a retribuir las condiciones particulares de algunos puestos de trabajo en atención a su especial dificultad técnica, dedicación, incompatibilidad o responsabilidad.

De este modo, cuando el personal al que se haya reconocido la compatibilidad para el ejercicio de la actividad privada cese en la misma, puede solicitar de nuevo la percepción íntegra del complemento específico de su puesto de trabajo.

Sin embargo, en el caso de los jefes de servicio y sección no se puede renunciar al cobro de este complemento, que ronda los mil euros en el caso de los primeros y es un poco inferior en el de los segundos, porque asumir estos cargos de responsabilidad conlleva de manera obligatoria la dedicación exclusiva al sistema sanitario público.

De hecho, esta obligación ha venido generando complicaciones a los diferentes gestores del SES para cubrir algunas jefaturas de servicio y ha motivado el nombramiento de 'coordinadores' en lugar de jefes de servicio en algunas secciones hospitalarias, ante la negativa de los profesionales que la integran a asumir jefaturas que impiden que puedan trabajar en la privada.

No obstante, el objetivo de la ministra de Sanidad va más allá de los jefes de servicio. Según las declaraciones realizadas por Mónica García, afectará a otros cargos de responsabilidad, como directivos o gerentes. No se extenderá de manera general al resto de profesionales, pero sí les afectará en determinadas circunstancias. «Queremos que aquellas personas que se cogen la reducción de jornada por ejemplo por cuidado de mayores o de niños tengan también esa cláusula de exclusividad porque no te puedes coger la reducción de jornada para irte a la privada», ha argumentado Mónica García. El objetivo, en cualquier caso, es limitar la doble dedicación «porque creemos que el sistema sanitario merece que sus profesionales estén dedicados a él, sobre todo aquellos que tienen labores de dirección».

La exclusividad no es la única novedad que la ministra ha introducido en la negociación del nuevo Estatuto Marco. También están a debate las guardias de 24 horas y la paridad en los cargos directivos.

En cuanto a la primera, Sanidad quiere garantizar que la jornada laboral de un médico no pueda superar las 17 horas en un día. «Es un clamor en la sociedad que no puede haber guardias de 24 horas que ponen en riesgo tanto a los profesionales como a los ciudadanos. Nadie quiere ser un paciente atendido en la hora 23 de un médico», ha señalado Mónica García.

Respecto a la segunda, establecer medidas para que exista paridad en los puestos directivos, la ministra defiende que «las mujeres también quieren ocupar esos puestos, pero no solo se enfrentan al techo de cristal, sino también al suelo pegajoso».

La negociación aún no está cerrada, el próximo miércoles se retomará con los sindicatos, pero hasta que el nuevo estatuto Marco del Personal del Sistema Nacional de Salud pueda ser una realidad aún queda mucho recorrido: deberá pasar también por las comunidades autónomas, por Consejo de Ministros y tramitarse en las Cortes.