Las residencias de mayores privadas extremeñas suben hasta 100 euros al mes su tarifa

Si antes podían llegar a costar 2.000 euros mensuales, ahora rondan los 2.100. En Extremadura, el precio más bajo para una residencia privada está en torno a los 1.200 euros.

El abanico de tarifas es amplio y varía sobre todo si se trata de una plaza concertada o no y del nivel de dependencia del usuario. También influyen los servicios que ofrecen, como por ejemplo, si son habitaciones compartidas o individuales.

Las familias de los mayores que viven en las residencias ya han recibido cartas en las que les informan de esta subida de precios que ronda el 6% respecto a su tarifa en el año 2022.

«Los costes en las residencias se han incrementado mucho. Está todo por las nubes y lo hemos tenido que repercutir en las tarifas, aunque por otro lado los usuarios se han visto aliviados porque también ha habido una subida de las pensiones», explica Daniel Núñez, coordinador del Grupo Ciudad Jardín, que asegura que en los diez centros que gestiona en la provincia de Cáceres han tenido que subir el precio un 5,8%.

Es una subida acorde al IPC, algo que se suele hacer casi todos los años, pero que anteriormente no pasaba del 1%. «Ha habido cierto malestar porque una subida del 5,8% es mucho dinero. Hay residentes que no lo han notado tanto porque tienen una pensión alta, pero el que está con ayuda de los hijos sí ha mostrado cierto malestar», reconoce Núñez, quien matiza que al final la mayoría de los usuarios lo entienden «porque todo ha subido».

Entra en detalles y pone ejemplos. «Residencias donde la factura de electricidad estaba en 5.000 euros de media ahora está por encima de los 14.000», indica Núñez, quien incide en que «el servicio sigue siendo el mismo y con la misma calidad».

Otros gerentes que gestionan espacios para mayores también confirman esa subida, tal y como explica Juan Manuel Morales, que está al frente de un centro de día cuya tarifa antes rondaba los 580 euros y ahora pasa de los 600.

«Lo que han hecho la mayoría de las residencias es subir la tarifa acorde al IPC. En algunos centros, por el precio de la energía, las materias primas o el material sociosanitario, ha habido subidas puntuales, pero por regla general ha sido el IPC, que es lo que está firmado por contrato», añade Juan Carlos Campón, presidente de Asorex, la Asociación de Atención Sociosanitaria en Residencias Privadas Extremeñas, que representa a 29 empresas del sector, cuenta con unas 3.000 camas y emplea a 1.500 trabajadores.

A la inflación disparada se suma que en junio de 2022 una sentencia de la Audiencia Nacional sobre el conflicto colectivo en los servicios de atención a las personas dependientes reconocía a los trabajadores de residencias un aumento salarial.

Según explica Campón, supone pagar a los empleados de centros de mayores un 6,5% más en 2022. Además, han firmado un nuevo convenio colectivo que obliga a que a ese incremento se sume otro del 4% en 2023, un 2,5% para 2024 y un 2,5% para 2025.

«Hay que tener en cuenta que los salarios de los trabajadores son la principal partida de una residencia de mayores. Suponen aproximadamente el 65% de los costes directos de explotación y entre 2022 y 2025 habrá un incremento del 15,5%», detalla Campón.

También hace referencia a que en Extremadura no se han actualizado los precios de los conciertos por parte de la Consejería de Sanidad, a través del Sepad. Con ello alude a las plazas concertadas con las que cuentan los centros privados.

«Ellos no recogen la actualización del IPC y estamos hablando de concursos a cuatro años. En ese tiempo la situación económica puede variar mucho», critica Campón.

Considera que «la situación de inestabilidad económica, subida de costes energético, gastos y subidas salariales, define un escenario de riesgo e incertidumbre para la viabilidad del sector para el futuro si no se aborda una financiación más dinámica».

Además, en el horizonte también asoma un nuevo modelo de residencias que ha aprobado el Ministerio de Derechos Sociales con exigencias que tendrán que estar en marcha en 2029.

Si se construyen nuevo centros, ya sean públicos o privados, tendrán que cumplirlas desde su apertura y eso pasa, en un principio (aún se pueden introducir pequeños cambios desde las autonomías), por tener prácticamente todas las habitaciones individuales, más personal (un cuidador por cada dos internos), grupos de 15 convivientes con los mismos cuidadores y educadores e instalaciones propias (sala de estar, comedor y cocina), un tope de 120 plazas por residencias y controles permanentes de calidad.

Además, los internos serán quienes digan cómo quieren vivir y decorar sus estancias, tendrán voz y voto en el funcionamiento del centro y verán como se destierran para siempre de su vida las sujeciones.

«Está muy bien porque es un modelo que se centra en la persona, pero está claro que tiene un coste económico más alto que el actual. Y eso tendrá que sustentarlo la propia Administración y, si no es así, tendrán que hacerlo los propios ciudadanos», concluye Campón.