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El acuerdo para formar gobierno en Extremadura contiene cesiones del PP a Vox en cuestiones como la educación, principalmente, pero también en materia de reducción del gasto público e incremento de la seguridad. Por su parte, la formación liderada en Extremadura por Ángel Pelayo Gordillo ... ha debido rebajar el tono de sus peticiones en estos ámbitos, así como sumarse en líneas generales a las medidas de los populares.
La presidenta del PP extremeño, María Guardiola, y el portavoz de Vox en la Asamblea de Extremadura, Ángel Pelayo Gordillo, firmaron el último día de junio el pacto que llevará a la primera a la Presidencia de la Junta de Extremadura, para lo que ha aceptado contar en su ejecutivo con un consejero del que ya es su socio de gobierno.
El documento se denomina 'Acuerdo para la gobernabilidad y el cambio político en Extremadura', el mismo nombre que tenía el texto que hizo público el PP el pasado 19 de junio, cuando anunció que había roto las negociaciones con Vox, lo que llevó a que en la sesión constitutiva del día siguiente el PSOE obtuviera la Presidencia de la Asamblea y la mayoría en la Mesa del Parlamento. Tras esto, Guardiola desveló que el partido de Gordillo había exigido formar parte del Gobierno regional, una opción que rechazó de forma rotunda, además de criticar con mucha dureza sus ideas sobre violencia de género, inmigración y el colectivo LGTBI.
El mismo 19 de junio, y en respuesta al PP, Vox también dio a conocer una relación de medidas programáticas. Suponía una contraoferta a la propuesta popular, aunque reconocía que había muchos puntos en común. Pero también aseguró que consideraba «fundamental» formar parte del Gobierno regional.
El documento final, firmado el pasado día 30, es un compendio de los planteamientos de unos y otros, aunque también hay renuncias por ambas partes.
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Sin duda el cambio más importante es el que se refiere a la formación del Gobierno regional. El PP proponía en el escrito del 19 de junio ceder a Vox la Presidencia de la Asamblea a cambio de que Guardiola fuera apoyada como candidata a la Junta con total libertad para formar su equipo.
Sin embargo, y una vez que el día 20 se esfumó la posibilidad de presidir el Parlamento regional, el pacto rubricado el día 30 contempló la cesión de la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural, así como el senador de designación autonómica que corresponde a los populares, junto con el compromiso de modificar el Reglamento de la Asamblea para que Vox pueda formar parte de la Mesa. Una cuestión que todavía está por ver, ya que el PSOE exige que se mantenga el reparto de poder surgido tras la sesión constitutiva.
Es decir, Guardiola pasó de negar de forma tajante un ejecutivo con Vox a aceptarlo diez días después, en lo que es la verdadera clave del acuerdo. Pero contiene mucho más, sesenta medidas repartidas en ocho grandes bloques que, como dijo la candidata popular, forman un auténtico programa de gobierno.
La propuesta que hizo pública el PP el día 19 ya contenía cesiones a Vox, como la derogación de la Ley de memoria histórica de Extremadura, un asunto que no estaba en el programa con el que los populares se presentaron a las elecciones. Por eso no sorprende que la mayor parte de los quince puntos de ese documento esté tal cual en el acuerdo de gobernabilidad, como los que afectan a sanidad, industria, despoblación y política forestal. Pero en otros casos hay cambios significativos.
El más destacado afecta al ámbito educativo. El PP planteó el 19 de junio un pacto por una educación «de calidad, libre y sin sesgo ideológico», en el que se respete «el derecho de los padres a la libertad de elección en la educación de sus hijos». Un acuerdo que además tendría como prioridad contar con menos alumnos por aula, apoyar las zonas rurales y avanzar hacia la gratuidad universal de 0 a 3 años.
En el documento final se recogen dos propuestas de Vox que van en esa línea, la neutralidad ideológica y la libre elección de centro, «así como el derecho constitucional que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación que esté de acuerdo con sus convicciones». Esto abre la puerta al veto parental en la enseñanza, aunque, como en la mayor parte del documento, se trata de una cuestión que queda abierta a interpretaciones y carente de concreción.
Esta medida va más allá de las propuestas iniciales del PP, aunque no llega tampoco a lo que quería su ahora socio de gobierno, que llegó a proponer en su contraoferta que los padres elijan y autoricen «el contenido de las actividades extracurriculares».
Asimismo, el acuerdo incorpora medidas propuestas por Vox, como una ley de protección a la familia con deducciones fiscales por nacimiento y ayudas para comedor, transporte, material, uniformes (habituales en centros concertados) y extraescolares. También se ha incluido su petición de revisar todo el sistema social para «garantizar que las ayudas públicas llegan a las familias que más lo necesitan».
Asimismo, hay un punto al completo que no recogía el PP, relativo a la seguridad, con medidas contra la ocupación ilegal y para asegurar el orden público, aunque se trata de cuestiones que no competen a la Junta.
Igualmente, se incluye su propuesta para la aprobación de una ley de aguas «que atienda, sin condicionantes ideológicos, las necesidades de consumo de las zonas urbanas y las necesidades de riego del mundo rural».
Junto a esto, Vox ha logrado introducir un apartado dedicado a la reducción del gasto público, que con el PP era más escueto, con medidas como la supresión de «organismos innecesarios» y una revisión de las subvenciones «con el fin de acabar con el despilfarro político e ideológico». También se incluye la «reducción considerable» de las subvenciones a la patronal y los sindicatos. Sin embargo, no aparece otra de sus propuestas, la disminución en el número de consejerías, altos cargos y asesores.
El resto del acuerdo contiene en líneas generales cuestiones en las que coinciden los dos partidos, como la reforma fiscal que afectará principalmente al IRPF (en el pacto final se especifica que sobre todo para salarios medios y bajos) y los impuestos de Patrimonio, Transmisiones Patrimoniales y Sucesiones y Donaciones. También se recoge la exigencia de que se rectifique el plan de desmantelamiento de la central nuclear de Almaraz.
Pero incluso en puntos en los que hay acuerdo aparecen cambios. Como en una propuesta electoral del PP, una tarifa cero para nuevos autónomos beneficiarios de la tarifa plana estatal. En el acuerdo con Vox se precisa que será solamente para quienes tengan rendimientos por debajo del salario mínimo.
Asimismo, se mantiene la reivindicación de las infraestructuras como el AVE y las autovías pendientes. Sin embargo, ya no aparece un compromiso de los populares, la presentación al Gobierno de un plan de inversiones en los primeros cien días del nuevo ejecutivo regional.
En el acuerdo de gobierno de Extremadura hay cesiones del PP, pero también hay cuestiones en las que se han suavizado las propuestas de la formación liderada por Santiago Abascal. Sin duda la más destacada afecta a la violencia de género, un asunto sobre el que no se hacía ninguna mención en la propuesta inicial de los populares. Sin embargo, en la contraoferta de Vox se hablaba de apoyo a las víctimas «de la violencia intrafamiliar, en especial a la que sufren las mujeres, los niños y los ancianos». También pedía un estudio en profundidad sobre el aumento de las agresiones sexuales a las mujeres y la posibilidad de imponer a los violadores la prisión permanente revisable. Asimismo, sugería trabajar para «extirpar de nuestra sociedad los mensajes y discursos, civiles o religiosos, que promuevan o simplemente justifiquen la violencia contra la mujer». La primera oferta de los populares no abordaba estas cuestiones, lo que se traduce en que no ve necesario cambiar las políticas actuales. De hecho, en su programa electoral proponía mejorarlas. Vox, por su parte, citaba el problema de la violencia de género, pero sin nombrarlo y con un enfoque «intrafamiliar». En el documento final se sigue sin emplear ese término y todas las propuestas se reducen a trabajar para erradicar «los discursos machistas».
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