«Padezco epilepsia, no puedo trabajar y llevo 5 años esperando que se valore mi discapacidad»

De hecho, según su relato, no hay semana que no tenga alguna crisis. «En unos casos, pierdo el conocimiento y tengo que ser ingresado; en otros, me quedo sin hablar aunque no convulsiono», detalla. Donato padece epilepsia desde los 9 años. Ello no le ha impedido estudiar. Ha cursado el grado medio y superior de Carpintería y el grado medio de Marketing y ha estado al frente de su propio negocio.

Lo ha hecho no solo con tratamiento farmacológico para enfrentar su enfermedad. «También me sometí a una operación por una malformación en el cerebro y lo cierto es que funcionó un tiempo, pero después volvieron las crisis».

Explica que estos episodios ahora ya le impiden trabajar. «No me contratan por mi enfermedad y yo soy consciente de que es una incapacidad. He intentado trabajar, tras cerrar mi tienda, como carpintero con un amigo, pero la incertidumbre de en qué momento me iba a dar la crisis, subido a una escalera por ejemplo o con cualquier herramienta, era algo difícil de llevar para mi socio y también para mí».

Vive con sus padres. «No puedo trabajar y no tengo ninguna ayuda», asegura. Los tribunales médicos que revisaron su situación antes de 2020 resolvieron que era apto para trabajar. «Pero ese año, después de más crisis y con diagnóstico de epilepsia refractaria ya, presenté de nuevo la solicitud y los informes médicos en el Cadex (Centro de atención a la discapacidad de Extremadura) de Badajoz, sin que hasta la fecha haya obtenido ninguna respuesta».

Donato Sánchez denuncia la demora de cinco años. «Considero que es urgente que se dé una solución a las personas que, como yo, requerimos esa valoración para disponer de una ayuda con la que vivir». Sus padres, añade, «no se encuentran en una situación económica desahogada», pero en cualquier caso este pacense reclama que se atienda su solicitud. «Comprendo que no puede ser algo de un día para otro, pero tampoco puede ser que lleve desde 2020 esperando a que se me dé una respuesta». Tanto él como su padre, dice, «nos pasamos cada semana por el Cadex para ver cómo va mi solicitud y lo único que nos dicen es que tenemos que seguir esperando».

Reducir estos tiempos de espera, que alcanzan los dos años en el Cadex de Cáceres y cuatro en el de Badajoz, con miles de expedientes sin resolver en ambos casos, es uno de los objetivos prioritarios que se ha marcado el Gobierno de la Junta.

Precisamente para descongestionar el sistema abrió el pasado abril un nuevo centro de valoración en Mérida. Se ubica junto al centro de salud Obispo Paulo, en las antiguas oficinas del INSS, se ha reformado con una inversión de 48.000 euros y se han activado dos equipos de valoración y orientación (EVO), un área de dirección y otra de administración.

El Cadex de Obispo Paulo atiende a la población de las áreas de salud de Mérida y Don Benito-Villanueva. Permitirá reducir sustancialmente la presión sobre el centro de Badajoz, que acumula más de 46.000 expedientes.

«Respondiendo a una demanda histórica, hemos abierto el nuevo centro en Mérida con profesionales que están resolviendo los miles de expedientes que estaban pendientes de valoración», recordó la presidenta de la Junta, María Guardiola, durante su intervención en el debate sobre el estado de la región.

Y en esta línea de mejora, «hemos destinado 168 millones de euros para los conciertos sociales de servicios de atención a la discapacidad, respondiendo a las entidades que necesitaban una mayor estabilidad», dijo también.

Avanzar en este ámbito es su objetivo y, por ello, anunció que «el Sepad hará frente al incremento del 9,5 % en los precios/plaza. Esto se traduce en 6 millones de euros en este año 2025 que se consolidarán en el presupuesto de 2026. Una inversión en atención a la discapacidad que se suma al esfuerzo ya realizado por el incremento de 5 millones de euros por la concertación social».

La actualización del precio/plaza afectará a unas 6.000 plazas para personas con discapacidad, a más de 4.200 tratamientos de habilitación funcional y a alrededor de 2.500 trabajadores de 75 entidades prestadoras de servicios.