El nuevo decreto de la Junta anima a más de 2.400 empleados a pedir teletrabajo

Las nueve consejerías registran peticiones por parte de los empleados públicos adscritos a ellas, así como el Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE), el Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (CICYTEX) y el Instituto de la Mujer vinculado a la Presidencia de la Junta.

Agricultura, Economía y Salud con 488, 317 y 303, respectivamente, son las consejerías que más solicitudes han recibido por parte de empleados que quieren teletrabajar. Les siguen: Hacienda y Administración Pública (249); Infraestructuras, Transporte y Vivienda (214); Educación (210); el Servicio Extremeño Público de Empleo (199); Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes (153); Gestión Forestal y Mundo Rural (149); Consejería de Presidencia, Interior y Diálogo Social (126); CICYTEX (49); e Instituto de la Mujer (16).

Aunque se trata de las solicitudes registradas hasta la fecha, los empleados públicos pueden pedir teletrabajar en cualquier momento del año. De hecho es la principal novedad del nuevo decreto elaborado por el Gobierno autonómico, que ha optado por eliminar las convocatorias anuales para fomentar una modalidad laboral que se podrá extender a todas las jornadas semanales.

La primera experiencia con el teletrabajo se remonta en la región al año 2012, cuando se aprobó el primer decreto que regulaba de manera experimental la modalidad laboral no presencial. El proyecto funcionó y en 2018, recuerda la Junta en el nuevo decreto, se publica otro con el que se implanta un sistema estable de teletrabajo en la región a través de convocatorias anuales. Son seis las que se han realizado desde entonces, consolidando así en el tiempo esta modalidad laboral hasta la actualidad, cuando ya son alrededor de 2.000 los empleados públicos acogidos al régimen del teletrabajo.

Una cifra que ahora se incrementa con el empujón que el nuevo decreto ha supuesto. La Junta considera que el teletrabajo se ha convertido «prácticamente en una modalidad ordinaria de prestación de servicios que permite explorar nuevas formas de gestión y organización más flexibles y colaborativas donde primen la eficiencia y la consecución de los objetivos marcados, amén de aportar indudables beneficios desde el punto de vista de la sostenibilidad ambiental o de la prevención de riesgos laborales», al reducir los desplazamientos de los empleados.

Es el motivo, unido a la apuesta por la conciliación, por el que el Gobierno regional ha impulsado de manera definitiva el teletrabajo en la administración pública.

El nuevo decreto establece que el teletrabajo tendrá una duración mínima de tres meses y máxima de un año, pudiendo ser prorrogado por idénticos periodos, y que, con carácter general, tendrá una duración máxima de dos días a la semana, «pudiendo ampliarse en función de las disponibilidades del servicio y de las necesidades organizativas o de circunstancias excepcionales», cuando la modalidad laboral no presencial se podrá extender a todas las jornadas semanales. Es el caso, recoge el decreto, de situaciones de emergencia sanitaria, cuando se den situaciones no imputables al trabajador, cuando sea necesario por motivos de salud o cuando surjan necesidades sobrevenidas de conciliación.